Consejo para la Transparencia ofició a Carabineros por videos que pueden ser solicitados por la ciudadanía y tribunales

El 28 de noviembre se realizó la sesión del Consejo para la Transparencia (CPLT), donde uno de los principales temas a debatir fueron los registros audiovisuales de Carabineros y el acceso público a estos.

Tras la resolución, la directora general del CPLT, Andrea Ruiz, le envió un oficio a la máxima autoridad policial, donde se le señaló que todos los registros de Carabineros en el contexto de su labor de resguardo del orden son públicos y, por tanto, de acceso a toda la ciudadanía.

Además, le exigen la conservación de manera indefinida de las imágenes obtenidas por los dispositivos de videograbación o cámaras fotográficas portátiles, esto, para asegurar el acceso a los registros.

En el oficio agregan que “las imágenes captadas por Carabineros de Chile y otras instituciones competentes, en el ejercicio de sus funciones de mantención del orden público, pueden dar cuenta de delitos que constituyan afectaciones graves a los derechos fundamentales o de hechos que correspondan a violaciones a los Derechos Humanos“.

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“Y dado el carácter imprescriptible de estos, la institución competente deberá conservar indefinidamente las imágenes, a efectos de que puedan ser puestas a disposición, tanto de las personas que deseen acceder a ellas por la vía del ejercicio del derecho de acceso a la información, como por los tribunales de justicia u órganos competentes en el ejercicio de sus funciones, en caso de ser requerido”, añaden.

De acuerdo al artículo 11 de la Ley de Transparencia, Carabineros tendrá que otorgar todas las facilidades para que cualquier persona pueda requerir el acceso a los registros videográficos.

Además de tomar las medidas de seguridad necesarias para mantener a salvo el material, aseguran que “resulta imprescindible garantizar, durante toda la cadena de custodia de las imágenes, la máxima seguridad de la información recopilada”.

Recordemos que Carabineros sufrió un hackeo, entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre, donde se filtraron los datos de la institución, en medio del estallido social.