Este martes, la Comisión de Ética de la Cámara de Diputadas y Diputados resolvió aplicar sanción máxima para el diputado de Renovación Nacional (RN) Miguel Mellado y de Revolución Democrática (RD) Catalina Pérez.
Esta última legisladora tiene la militancia suspendida.
En concreto los diputados fueron sancionados con la aplicación de censura y multa del 15% de sus dietas parlamentarias.
El caso de Miguel Mellado
Mellado fue castigado por grabar y divulgar parte de la reunión que el presidente Gabriel Boric tuvo con legisladores de la Macrozona Sur en el Palacio presidencial de Cerro Castillo (Viña del Mar) en junio pasado.
El diputado del Partido Socialista (PS) y presidente de la comisión, Nelson Venegas, explicó que en el caso del parlamentario RN lo primero que se indicó en la sanción “es el hecho de haber grabado en un lugar que aun siendo del Estado es un lugar público. Segundo, haberlo divulgado y lo tercero, que lo consideramos muy grave, es el haber mentido a la opinión pública porque lo primero que él salió señalando es que él no había sido“.
En ese sentido, Venegas dijo que el opositor “culpó y generó desconfianza hacia el resto de las diputadas y diputados y después se obtuvo la verdad de los acontecimientos de que él había sido que había grabado”.
Además, relató que el diputado Mellado “en la propia defensa da cuenta y reconoce que su actuar habría sido indebido. Incluso solicita las disculpas respecto de este tema, reconociendo que efectivamente ha pasado a llevar las normas de conduta ética que nos debemos entre nosotros y con las autoridades, en este caso con el presidente de la República”.
Situación de Catalina Pérez
La diputada Pérez su sancionada por su vinculación con personeros de Democracia Viva, fundación cuestionada por realizar convenios en Antofagasta con la secretaría regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). En concreto, se le critica su relación con el ahora exseremi Carlos Contreras y Daniel Andrade, quien fue su pareja y es representante legal de la institución privada.
“Ella no procedió a contestar el requerimiento de oficio que se realizó, por lo tanto, se entiende haber actuado en rebeldía y al no defenderse, se estima por lo tanto que habría ciertas contravenciones a normas éticas que debemos tener entre nosotros y que afectan fundamentalmente la credibilidad de la corporación”, dijo Venegas.
Además, presidente de la comisión indicó que el caso de Pérez “podría ser considerado como el conflicto de interés, más allá de tráfico de influencia”.
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