CNN Chile te explica: ¿Qué es y cómo funciona una acusación constitucional?
Este instrumento de control político permite al Congreso supervisar a otras autoridades del Estado, garantizando así la separación y el equilibrio entre los poderes.
Este lunes partió la fase piloto en la RM. Sin embargo, este plan implica la intervención de 46 comunas de todo país, incluyendo todas las capitales regionales.
Este lunes, diversas autoridades participaron del lanzamiento del plan “Calles sin violencia”, cuyo objetivo es establecer una estrategia de intervención para 22 comunas de la Región Metropolitana a partir del trabajo coordinado de Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público.
En la instancia participaron la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y la delegada Presidencial de la Regional Metropolitana, Constanza Martínez, junto a altas autoridades de Carabineros, la PDI y la Fiscalía.
“Tenemos una tarea que nos exigen y nos demandan los chilenos y chilenas. La seguridad (…) constituye un derecho que las instituciones del Estado tienen que garantizar“, señaló en un punto de prensa el subsecretario Monsalve.
Este lunes partió la fase piloto en la RM. Sin embargo, este plan implica la intervención de 46 comunas de todo país, incluyendo todas las capitales regionales, para ayudar a combatir la delincuencia y recuperar los espacios públicos del crimen organizado y el narcotráfico.
La estrategia contempla cuatro lineamientos de acción: la persecución penal efectiva, mayor presencia policial, fiscalización intensiva de armas y la captura de personas con órdenes vigentes, además de la intervención comunitaria junto a la recuperación de espacios públicos.
Para seleccionar las comunas prioritarias en una primera etapa, se definieron dos criterios: La frecuencia de ocurrencia de homicidios según cifras del Observatorio de Homicidios y capitales regionales.
Bajo estos parámetros, a nivel nacional se identificaron las 46 comunas, que juntas concentran la mayor proporción de ocurrencia de homicidios del país (65%).
Este instrumento de control político permite al Congreso supervisar a otras autoridades del Estado, garantizando así la separación y el equilibrio entre los poderes.