En su nueva columna titulada El fin y los medios, el periodista Daniel Matamala cuestiona la propuesta de Daniel Jadue (PC) sobre instalar un “consejo ciudadano” que fiscalice la objetividad de los medios de comunicación y pueda revocar concesiones a quienes se aparten de esa línea.

La idea fue planteada en el programa de gobierno del candidato presidencial y desarrollada en el debate de primarias transmitido por CNN Chile y Chilevisión. El consejo estaría compuesto “por todos los poderes del Estado, pero también podría ser electo por la ciudadanía”.

En su columna -publicada en La Tercera-, el conductor de noticias reconoce que “el mercado de los medios de comunicación está concentrado, generando conflictos de interés entre los propietarios y el derecho a la información de los ciudadanos a los que deben servir”.

También afirma que “grandes grupos económicos son propietarios de medios de comunicación”, mientras que las redes sociales plantean “nuevos problemas de concentración”, con Google y Facebook acaparando cada vez más la torta publicitaria.

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Sin embargo, agrega que en un mundo con múltiples medios digitales, hablar de “duopolio” en el caso de la prensa escrita (con El Mercurio y Copesa) tiene “cada vez menos sentido”: “las redes sociales convierten a cada ciudadano que tenga un teléfono en un medio de comunicación en sí mismo. Cuentas individuales, o incluso anónimas, pueden ser más poderosas a la hora de viralizar contenidos que los medios establecidos”.

El conductor de CNN Chile y CHV Noticias recuerda la postura adoptada por el actual presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, durante el estallido social, cuando afirmó que “no voy a avisar nunca más en ningún canal de TV que pierda la objetividad y la labor suprema de ejercer un periodismo correcto”.

Luego señala que Jadue ha planteado una ley que “exija que los medios sean objetivos”: “Jadue, tal como Sutil, quiere obligar a los medios a ser ‘objetivos'”, comenta Matamala.

¿Quién debe definir qué medio cumple con esos estándares de ‘objetividad’? ¿El comité ejecutivo de la CPC? ¿Un ente burocrático dominado por un sector político? ¿Ciudadanos elegidos por la mayoría para acallar las voces de la minoría?”, cuestiona el periodista.

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Su respuesta es que “en una democracia: ninguna de las anteriores. Las sociedades pluralistas proveen servicios públicos de televisión y radio profesionales, financiados por el Estado, a cargo de entes autónomos de los gobiernos de turno. Y, al mismo tiempo, protegen a los medios privados para que desplieguen libremente su oferta programática, mientras los actores empresariales compiten tratando a sus consumidores como adultos y entregándoles buenos servicios, no jugando a la policía política ni manipulando la información que reciben”.

A modo de ejemplo, plantea el caso del llamado telefónico del Gobierno a La Red para presionar por su línea editorial: “esa es la mejor prueba de que su remedio es peor que la enfermedad. Si el consejo que Jadue propone existiera, Piñera hubiera podido ordenar a esos burócratas que le quitaran la concesión a La Red, en vez de quedar en ridículo en un intento fallido de presionar a un canal independiente”.

“¿Es esa un arma que queremos poner en manos de un gobierno? Quienes apoyan a Jadue, ¿estarían de acuerdo también si la próxima elección la ganara Lavín o Kast, o si ese ‘consejo ciudadano’ fuera dominado por la derecha?“, agrega.

Finalmente, expresa que “es deber de la prensa incomodar al poder, tanto político como económico. Y debemos asegurar su independencia para hacerlo, no para amenazarla si incomoda al poder ‘equivocado’“. Porque “cuando se trata del derecho a la información, el fin no justifica los medios”.

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