El presidente nacional del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, se refirió a la polémica integración de un docente condenado por delito de lesa humanidad durante la dictadura, en una escuela rural dependiente de la municipalidad de Curacuatín, dada a conocer durante esta jornada.
Díaz calificó como “gravísima” la situación y catalogó al docente, Juan Carlos Burgos Belauzarán, como un “criminal de la dictadura“, aunque reculó diciendo que se refería principalmente a la condena en su contra.
“Esta situación es gravísima, porque implica el incumplimiento directo de una condena judicial que estableció la inhabilitación absoluta y perpetua para cargos y oficios públicos”, sostuvo Díaz.
Según el medio Resumen, el municipio de Curacuatín, en la Región de La Araucanía, habría contratado como profesor en la escuela rural Collico a Juan Carlos Burgos Belauzarán, quien fue condenado por su participación en la desaparición de 28 campesinos en Santa Bárbara y Quilaco, durante septiembre y diciembre de 1973.
En esa línea, el líder del gremio agregó que la situación “violenta profundamente la justicia mínima que merecen los familiares de las víctimas y la sociedad entera ante los crímenes de lesa humanidad“.
“En las escuelas no debe haber espacio para los violadores de los derechos humanos”, aseveró.
Burgos Belauzarán fue sentenciado a cuatro años de presidio mayor en su grado mínimo, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos. Además de la de inhabilitación absoluta para ejercer profesiones titulares mientras dure la condena.
Tras ser consultado respecto a futuras acciones legales por parte del gremio si es que la situación no cambia, Díaz aseguró que “no descartamos ninguna medida al respecto, estamos recogiendo todos los antecedentes respecto al caso”, puntualizó.
Según el medio, el docente figura como profesor encargado en el establecimiento desde 2016. Actualmente tendría un sueldo de más de $2 millones.
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