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Una nueva arista se abrió en torno a la investigación por el financiamiento de la campaña electoral de Karina Oliva para la Gobernación de la Región Metropolitana de 2021.

Según Canal 13, documentos presentados por el partido en la millonaria rendición al Servicio Electoral (Servel) consideran informes de la fundación Chile Movilizado, los cuales son señalados como idénticos a los que Criteria le realizó a Comunes por medio de un servicio contratado de $128 millones.

El medio citado apuntó a gráficos e incluso errores ortográficos que aparecen en textos que elaboró la consultora y en escritos de la fundación que estuvo ligada al partido oficialista.

De hecho, Estefanía Campos, secretaria de Chile Movilizado, afirmó a la Fiscalía Metropolitana Sur que “la fundación era un cascarón, una maqueta, estaba vacía por dentro. Era para existir una plataforma para poder trabajar en periodos inter electorales, y así mantenían a una cara que era Karina Oliva. No era un centro de pensamiento, nunca operamos en algún lugar físico”.

“El fiscal nos mostró algunos extractos de informes de esa organización, los cuales coincidan completamente con el contenido de los informes de los estudios electorales entregados por Criteria a Comunes en el marco de los servicios prestados. Es decir, eran exactamente las mismas láminas y gráficos hechos por nosotros”, sostuvo al medio citado el gerente general de la entidad, Cristián Munita.

La empresa sostuvo que todavía les deben cerca de $46 millones.

De este modo, los persecutores investigan la elaboración de presuntas boletas o facturas ideológicamente falsas.

Respuesta de Comunes y la fundación

A través de una declaración pública, Comunes manifestó que tras la expulsión de exintegrantes por hechos de financiamiento irregular en campaña, “nuestro partido no mantiene vínculo alguno con la fundación Chile Movilizado”.

Lamentamos y rechazamos enfáticamente que nuestro partido sea nuevamente vinculado con estos hechos para enlodar su imagen. Como militantes de esta organización, hemos sido tajantes contra la corrupción y falta de probidad en la política”, añadieron.

La fundación, por su parte, expresó que el reportaje “busca confundir a la opinión pública”: “Los informes y facturas son reales, están debidamente elaborados, acreditados y rendidos”.

Cada uno de ellos tiene más de 150 páginas, motivo por el cual es incorrecto e impreciso señalarlos como copias de un informe de, a lo sumo 30 páginas, que nos fue entregado como insumo para elaborar nuestro trabajo”, añadió.

La fundación reiteró que lamenta “la tergiversación, falta de rigurosidad y liviana calificación de ‘ideológicamente falsos’ cuando, tal y como hemos reiterado en diversas instancias, estos trabajos se realizaron de manera conforme y consisten en informes de más de 150 páginas cada uno”.

“Los mismos recogen información que se nos proporcionó para elaborar los estudios solicitados, pero en ningún caso podría llegar a sostenerse de manera sería que ha habido un plagio o copias cuando entre los informes comparados hay más de 100 páginas de diferencia”, sentenció.

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