El fiscal nacional, Ángel Valencia, dijo que, como Ministerio Público, no descartan citar a declarar a ninguna autoridad pública en el marco de la investigación por el denominado Caso Convenios.
“No descartamos la citación de ningún ministro de Estado ni de ninguna autoridad pública que, de algún modo u otro, pueda tener información útil para el esclarecimiento de los hechos. De ninguna”, sostuvo el persecutor luego de participar durante la mañana de este martes en el Consejo Constitucional, en Santiago.
“Pero esas citaciones las vamos a practicar no a través de la prensa, sino que las vamos a practicar directamente conforme a los canales formales y cuando sea del caso”, agregó.
En ese sentido, el líder de la Fiscalía Nacional fue enfático en aclarar que “es de interés para la investigación saber cómo se gestó el ítem o la posible disponibilidad de fondos, en la forma de cómo estos fueron girados para financiar a estas fundaciones. Por lo tanto, esclarecer los hechos de cómo ocurrieron es de interés para la investigación”.
De este modo, “todas las personas, todos los ciudadanos, incluidos los ministros de Estado -y seguramente ellos lo saben- están obligados a comparecer ante la justicia, ya sea ante la Fiscalía o los tribunales, para efectos de manifestar, transmitir o expresar todo aquello que saben y puede ser de utilidad para la investigación. Están todos ellos obligados por ley. Nadie está en Chile por sobre la ley y estamos muy seguro de que ellos lo tienen muy claro”, agregó.
Marcel descarta “blindaje” a Martínez
Horas antes, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, descartó que desde el Ejecutivo se le esté haciendo un “blindaje” a Javiera Martínez, jefa de la Dirección de Presupuestos (Dipres), tal como han afirmado personeros de oposición.
Durante una actividad oficial, el secretario de Estado sostuvo: “Aquí no hay un tema de blindaje, hay un tema de hechos concretos. En las afirmaciones que se han hecho respecto del tema de los convenios de los gobiernos regionales se ha supuesto: primero, que esas modificaciones del presupuesto 2023 habrían facilitado los convenios y, en segundo lugar, que por alguna razón mágica eso habría tenido un efecto sobre los convenios que se hicieron en 2022”.
Al respecto, Marcel afirmó que en la situación hay una secuencia de las cosas, “que no es un tema ni de blindaje, de política, ni de nada. Es un tema de lógica simple: si hay convenios en situación de irregularidad que se hicieron de acuerdo a las normas que estaban vigentes en el presupuesto de 2022, difícilmente podrían tener alguna relación con modificaciones que hicieron para 2023”.
“Lo segundo: si las modificaciones para 2023 hubieran liberalizado o incentivado la suscripción de convenios con instituciones privadas sin fines de lucro, no se puede explicar cómo ocurrió que en 2023 esos convenios se redujeron a menos de un tercio de lo que eran en 2022”, sentenció.
Javiera Martínez -quien es militante de Revolución Democrática (RD)- ha sido apuntada por personeros de oposición, e incluso del oficialismo, ante cambios que se realizaron en la Ley de Presupuesto 2023, los cuales tendrían relación con el caso que investiga la Fiscalía por presuntos hechos de corrupción en contratos celebrados entre entidades del Estado y organizaciones privadas, afirman.
En tanto, los ministros Giorgio Jackson (Desarrollo Social) y Carlos Montes (Vivienda) también han sido señalados en el caso que se destapó hace más de un mes, tras revelarse los millonarios convenios en Antofagasta entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y Democracia Viva, fundación vinculada a militantes de RD.
Actualmente, la Fiscalía investiga más de 30 fundaciones e instituciones públicas -como el Gobierno Regional del Biobío, entre otras- de 11 regiones del país.
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