El exministro de Economía Carlos Ominami analizó este martes en CNN Chile Radio el paquete de medidas económicas presentado por el gobierno del presidente José Antonio Kast, que incluye un recorte de gastos por US$4.000 millones y una rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%. Aunque valoró algunos aspectos, cuestionó duramente la coherencia del plan. “Hay de dulce y de grasa”, resumió.
Las contradicciones del plan fiscal
Ominami compartió la necesidad de reactivar el crecimiento y destrabar proyectos, como los 53 que ya cuentan con calificación ambiental favorable y están detenidos por “razones secundarias”. Sin embargo, puso el acento en la inconsistencia del gobierno: “No calza declarar emergencia fiscal y al mismo tiempo rebajar impuestos sin compensación” . Recordó que un punto de disminución del impuesto corporativo significa unos US$450 millones menos de recaudación anual. “Eso es totalmente contradictorio con lo que cualquier gobierno responsable haría”, afirmó.
El exministro contrastó la situación con lo ocurrido tras el terremoto de 2010, cuando el presidente Piñera y su ministro Felipe Larraín aumentaron el impuesto corporativo de 17% a 20% para financiar la reconstrucción. “Aquí se dice exactamente lo contrario”, sentenció.
Derechos sociales y gasto público
Ominami expresó su preocupación por posibles afectaciones a derechos sociales, como la propuesta de limitar la gratuidad universitaria. “El presidente dijo que no iba a tocar derechos fundamentales. Limitar la gratuidad a mayores de 30 años ya es una erosión” , advirtió. Sobre el recorte de gasto, reconoció que puede haber espacio para reducir “grasa”, pero dudó que se pueda llegar a los US$4.000 millones sin afectar programas esenciales.
Shocks externos y rol de los expertos
El exministro respaldó la idea de convocar una comisión de expertos para evaluar el impacto de eventuales shocks internacionales, como una escalada del precio del petróleo. “Si el barril llega a US$120 o US$150, ahí sí estamos en emergencia” , sostuvo. En ese escenario, consideró razonable revisar mecanismos como el Mepco, aunque advirtió que subsidiar combustible no es la mejor política social.
Finalmente, relativizó el impacto de la rebaja tributaria en la atracción de inversiones. “Para un inversionista es mucho más delicado que un proyecto se demore 4 años en autorizarse que un impuesto del 23% o 24%” , concluyó, enfatizando la necesidad de racionalizar permisos por sobre cambios impositivos.