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Este viernes, el presidente Gabriel Boric se reunió en La Moneda con la nueva mesa directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados, integrada por Karol Cariola (PC) como presidenta, Gaspar Rivas como primer vicepresidente y Eric Aedo (DC) como segundo vicepresidente.

Tras la instancia, Cariola rechazó tajantemente la denuncia por cohecho presentada por un abogado militante del Partido Republicano contra el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, por supuesto cohecho, luego de que se diera a conocer que le habría ofrecido la vicepresidencia de la Cámara a Gaspar Rivas.

“Lamentamos que se esté utilizando la situación para marcar hechos políticos por parte de algunos sectores”, expresó.

En esa línea, argumentó que si Elizalde no dialogara con todos los sectores políticos, dichos sectores “estarían alegando”, y que la labor de los ministros, y en particular del titular de la Segpres, es “conversar con los parlamentarios y recoger sus urgencias”.

La labor del Ejecutivo y de la Segpres en los procesos legislativos “no se puede desnaturalizar”.

“Quiero recordar que parte de la labor del ministro Elizalde y la subsecretaria Macarena Lobos es dialogar con las bancadas, dialogar con las y los parlamentarios, recoger sus urgencias. Y me parece que eso no se puede poner en cuestionamiento cuando se trata del trabajo legislativo mancomunado”, recalcó.

¿Por qué denunciaron a Elizalde?

Este jueves, el abogado Raimundo Palamara, militante del Partido Republicano, denunció al ministro Álvaro Elizalde por supuesto cohecho luego de que se diera a conocer que le habría ofrecido la vicepresidencia de la Cámara a Gaspar Rivas

“Fueron las propias declaraciones del diputado Rivas las que ponen de manifiesto un ofrecimiento del ministro Elizalde para que se consumara el hecho. Está claro que el voto del diputado hizo que Karol Cariola fuera electa presidenta y el acuerdo se selló con el diputado Rivas siendo elegido como vicepresidente”, expresó el magistrado.

El hecho “además constituye un incumplimiento grave a la probidad y otros deberes administrativos y constitucionales”, dijo.

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