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La Cámara de Diputadas y Diputadas aprobó, por 122 votos a favor, cuatro en contra y ocho abstenciones, el proyecto de ley que busca establecer el uso de un cargador universal estandarizado para diferentes tipos de dispositivos electrónicos y videoconsolas portátiles.

De este modo, la Sala respaldó la norma que contaba con informe positivo de la Comisión de Futuro y Ciencias.

¿En qué consiste el proyecto?

La iniciativa, impulsada por los parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Sergio Bobadilla, Felipe Donoso, Henry Leal, Daniel Lilayu, Cristóbal Martínez y Flor Weisse, busca que sea aplicable de manera estándar este tipo de alimentador de energía a todos los teléfonos inteligentes, tablets, cámaras, audífonos, parlantes portátiles y videoconsolas portátiles.

Así, los proveedores de equipos electrónicos deberán garantizar interoperatividad común entre los equipos y sus dispositivos de carga, para que todos se adapten a un puerto de carga único.

Las especificaciones técnicas y demás obligaciones se definirán en un reglamento dictado para estos efectos por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Dicho reglamento deberá dictarse en un plazo máximo de 180 días, desde la publicación de la norma en el Diario Oficial.

El mencionado texto también establecerá los tipos de productos a los que se aplicará este artículo y demás obligaciones. Dentro de los tipos de productos, el reglamento deberá, a lo menos, incluir los dispositivos de telefonía móvil y ordenadores portátiles.

La ministra de Medio Ambiente, María Heloísa Rojas, destacó que la iniciativa “se hace cargo de la contaminación, pasando a una economía circular, reduciendo la acumulación de residuos”.

Cabe consignar que el incumplimiento de la normativa por parte de los proveedores y comercializadores será sancionado con multa, contemplada en la ley del consumidor.

Comercialización de cargador universal

De acuerdo con el proyecto, los dispositivos electrónicos que se comercialicen deberán dar estricto cumplimiento en cuanto a los procedimientos para la certificación de seguridad y calidad de los productos eléctricos.

Los comercializadores deberán ofrecer a los consumidores la posibilidad de adquirir los productos sin los cargadores.

Se establece un plazo de dos años, desde publicada la ley, para que los comercializadores puedan acogerse a esta medida en el caso de teléfonos celulares. Para otros dispositivos será de cuatro años.

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