La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes, por 72 votos a favor, 35 en contra y 16 abstenciones, el informe de la comisión especial investigadora (CEI) que revisó el denominado Caso Convenios.
En concreto, la instancia tuvo como finalidad reunir información sobre las transferencias y actos de Gobierno realizados en el marco del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) durante 2022 y 2023.
El texto señala que la flexibilización de requisitos para transferencias a terceros permitió que diversas instituciones sin experiencia previa fueran receptoras de fondos públicos. Esto en una modalidad de entrega arbitraria, dependiente de la autoridad de turno y carente de requisitos.
Además, el informe llamó la atención sobre la falta de voluntad del Ejecutivo de colaborar con las instancias fiscalizadoras de la Cámara de Diputadas y Diputados. Esta situación añade, no resulta “un hecho aislado”.
En ese contexto, los parlamentarios citan las solicitudes de información remitidas por oficio al presidente Gabriel Boric, que no fueron contestadas. Asimismo, la negativa del jefe de asesores del Palacio de La Moneda, Miguel Crispi, de concurrir a las múltiples citaciones de la comisión. Eso, agrega el texto, solo fue subsanado tras “la amenaza de un procedimiento sancionatorio por parte de la Contraloría General de la República”.
Responsabilidades políticas
El informe critica el trabajo del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) y del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Este último, porque habría tenido “un accionar cuestionable y en extremo reactivo, que no responde a la magnitud y profundidad del episodio de corrupción” que implica el caso convenios.
Respecto a la responsabilidad de diversas autoridades, el informe cuestiona en primer lugar a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, indicando que las medidas que adoptó, en materia de control presupuestario, “se oponen al resguardo del buen uso de los recursos públicos que ha caracterizado a la Dirección de Presupuestos”.
Además, en materia de transferencias de los gobernadores regionales a entidades privadas, la Dirección de Presupuestos “no ejerció debidamente el control en el uso eficiente de los recursos públicos”, dice el informe. “Esto ya que, al visar las reasignaciones presupuestarias, se permitió aumentar los recursos destinados a este tipo de transferencias en desmedro de aquellas transferencias vinculadas a la inversión regional”, añade.
En cuanto al rol que tuvo el ministro Carlos Montes (Vivienda), el documento señala que si bien este no conocía la situación que afectaba a su cartera, no evita el reproche por la diligencia con la que condujo el ministerio.
Al respecto, en el texto se indica que, aunque los secretarios regionales ministeriales (seremis) realizaron transferencias de manera delegada, el ministro Montes debió fiscalizar que dicha delegación se realizara ajustada a la ley.
También, se apunta contra la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas. En este punto, se sostiene en el texto que conoció los hechos irregulares del Caso Democracia Viva y no alertó a las autoridades superiores. Asimismo, el informe apunta a su negligencia al no denunciar al Ministerio Público los hechos que constituían caracteres de delito.
Sobre Miguel Crispi se precisa que el jefe de asesores tuvo la información del caso días de que se destapara. Al respecto, se sostiene que su omisión y falta de deferencia con la comisión permiten cuestionar su continuidad, “la que de cualquier forma solo depende de la voluntad del presidente de la República”.
Conclusiones y controversias
El informe sostiene que el Caso Democracia Viva dejó en evidencia la precariedad de los controles de transferencias del Estado al mundo privado. Además, que es posible advertir patrones comunes en las diversas aristas de corrupción que componen el Caso Convenios: “No es aventurado o irresponsable advertir la existencia de un mecanismo o el concierto previo para determinar una forma de defraudar al fisco”.
Junto a ello, plantea la ausencia de facultades para fiscalizar las actuaciones de los gobiernos regionales.
Por ello, se plantea en el texto la necesidad de modificar el marco normativo, respecto de la relación del Estado con entidades privadas sin fines de lucro; así como también, robustecer los criterios de control y fortalecer el ordenamiento jurídico y la institucionalidad. Todo ello para poner término a los controles laxos que permiten el registro de este tipo de situaciones.
Finalmente, se insta a avanzar en la tramitación legislativa de todos los proyectos que dicen relación con la probidad en la administración pública.
Quienes respaldaron el informe recalcaron la responsabilidad de los personeros de Gobierno. Asimismo que se instaló un mecanismo para defraudar al Estado y que se debe terminar con la falta de control.
En tanto, entre sus detractores, se cuestionó que la investigación solo se centrara en el caso de Democracia Viva. Además, que se realicen aseveraciones no respaldadas y que se usara una herramienta de fiscalización como un programa de ataque político.
Deja tu comentario