AGENCIA UNO

La Cámara de Diputadas y Diputados despachó durante la tarde de este lunes otros tres proyectos en materia de seguridad, los que suman a dos que habían sido aprobados previamente.

En primera instancia, la Cámara Baja envió al Senado las iniciativas que aumentan las penas al porte de arma de fuego en lugares altamente concurridos y también a dos tipificaciones de secuestro.

Gendarmería y creación del delito de extorsión

La Sala aprobó con respaldo transversal la iniciativa que faculta a Gendarmería a participar de investigaciones al interior de las cárceles y recintos penitenciarios.

La norma establece que la institución podrá participar de indagatorias donde el Ministerio Público podrá impartirle instrucciones.

Además, la iniciativa integra a Gendarmería a la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal para aportar al buen funcionamiento del sistema procesal penal y pueda participar en acciones conjunta con otras instituciones.

Control policial en materia de migración

La Cámara Baja despachó al Senado la iniciativa que amplía las facultades del control policial para medidas de migración y extranjería.

Asimismo, dota a los funcionarios de Carabineros y PDI de nuevas herramientas. Esto, para ayudar en la identificación de personas migrantes que estén de forma irregular en el país.

Facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los ilícitos de hurto, robo y recepción, y también mejora la persecución penal de los mismos.

Sanción a la conspiración para cometer sicariato

Por último, las diputadas y diputadas respaldaron de forma transversal el proyecto que sanciona la conspiración para cometer el delito de homicidio calificado por premio, promesa remuneratoria o ánimo de lucro, denominado sicariato.

La iniciativa fue despachada la Cámara Alta tras ser aprobada en general y en particular. En el texto, se reemplazó la figura actual de sicariato, pasando de “cometerlo con ánimo de lucro” a “por beneficio económico o de otra naturaleza, en provecho propio o de un tercero“.

La pena para quien incurra en este ilícito será de presidio menor en su grado máximo, es decir, entre 3 años y un día a 5 años.

En ese sentido, la norma contempla que si la conducta se comete contra un juez con competencia en lo penal, fiscal, defensor penal público, funcionarios de Carabineros, PDIo Gendarmería, se castigará con la pena de 3 años y un día a 5 años hasta 5 años y un día a 10 años.

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