Cámara aprueba proyecto que agiliza expulsiones de migrantes: Así queda la iniciativa que pasa al Senado

Esta tarde, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto que busca agilizar las expulsiones administrativas de extranjeros en situación migratoria irregular.

La iniciativa fue aprobada por 128 votos a favor y 11 en contra. Ahora, deberá continuar su tramitación legislativa en el Senado.

El proyecto fue ingresado durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric y reformulado mediante indicaciones en la actual administración del Presidente José Antonio Kast.

¿Qué dice el nuevo proyecto?

Uno de los principales cambios del proyecto es que busca facilitar la ubicación y detención de extranjeros con órdenes de expulsión vigentes.

Para ello, la Policía de Investigaciones (PDI) solicitará a un juez de garantía autorización para ingresar al domicilio donde se encuentre la persona y detenerla. A su vez, el magistrado deberá resolver la solicitud en un plazo de 24 horas, lo que establece un control judicial previo.

Además, el Servicio Nacional de Migraciones podrá solicitar a particulares, empresas y funcionarios públicos información para ubicar a personas en situación migratoria irregular, aunque esta facultad tendrá algunas restricciones, como la prohibición de obtener datos desde establecimientos de salud y recintos educacionales o respecto de menores de edad.

La iniciativa incorpora nuevas herramientas para agilizar los procedimientos migratorios, entre ellas el registro biométrico obligatorio para infractores mayores de edad, las notificaciones electrónicas y tácitas, y la posibilidad de retener documentos de viaje.

Asimismo, modifica el período para presentar una reclamación, el cual se reducirá de diez a cinco días, y el recurso judicial ya no suspenderá automáticamente la ejecución de la medida. Esto significa que presentar una reclamación no bastará, por sí sola, para detener el procedimiento de expulsión.

Por otra parte, el proyecto amplía las causales de expulsión administrativa al incorporar las graves afectaciones al orden público. También aumenta de tres a cinco años el período mínimo de prohibición de reingreso a Chile y establece que las órdenes de expulsión permanecerán vigentes hasta que sean ejecutadas.