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Luego de la rebaja en la tarifa del pasaje del adulto mayor establecida por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (MTT), las empresas de los buses rurales de la Región Metropolitana asistieron a la justicia para interponer un recurso de protección.
La rebaja indica que los mayores de 65 años podrán acceder a esta disminución del 50% en el pasaje a partir del 1 de julio. Por esta razón, los micreros decidieron pedir la admisibilidad de un recurso de protección en contra de esta medida.
6 empresas de buses son las que solicitan la protección urgente de los derechos y garantías de los empresarios del transporte ante las decisiones tomadas por el MTT y la subsecretaría regional. Alegan que estas rebajas no están amparadas por una ley que lo autorice.
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Aunque reconocen que la decisión de reducir el valor del pasaje es “honesta y merecedora” para quienes se vean beneficiados, reclaman que lo que se ha hecho es “imponer la forzosa obligación de bajar la tarifa ante la amenaza de ser sancionados en caso de no implementarla”.
Alegan que nunca se llegó a un trato con el Ministerio, pese a que siempre se habló de la necesidad de llegar acuerdos. Dicen que, finalmente, solo se impuso una medida que fue calculada de acuerdo a antiguos estudios de demanda, una herramienta que no es idónea para poder tener una debida compensación.
En concreto, el monto que pretende mitigar el daño causado a las empresas responde a una compensación diaria de $2.700 por bus. Con ese monto diario, solo se puede cubrir el pasaje de 2,5 pasajeros adultos mayores en los recorridos más largos y de 4 pasajeros en los más cortos. Sin embargo, según dicen, la realidad es que entre 15 y 20 pasajeros sobre los 65 años son los que cada día toman un bus con recorrido rural.
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Las empresas: Tasacoop Ltda. – Flota Talagante, Ruta Bus 78, Buses Peñaflor Santiago – BUPESA, Lider S.A., Autobuses Melipilla e Islaval, son las que durante esta jornada, interpondrán un recurso de protección.
Operadores de las regiones de Valparaíso, O’Higgins y Maule, indicaron que están en conversaciones con las empresas de la Región Metropolitana para unificar criterios y establecer cuáles serán los próximos pasos a seguir ante lo que consideran “una injusticia”.
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