El presidente Gabriel Boric lideró durante el mediodía de este lunes la ceremonia en la que recibió el informe elaborado por la comisión para la probidad y la transparencia, que cuenta con 46 medidas para regular las relaciones entre instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado.
“Las acciones que dieron paso a esta preocupación –Caso Convenios– están siendo investigadas, y no me cabe duda que serán sancionadas, sean del color político que sean, sean del Gobierno central, o regional, de este Gobierno o del anterior“, detalló el mandatario.
¿Qué pasó?
La Comisión Asesora Ministerial para la regular la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL) y el Estado inició sus labores de forma preliminar el 7 de julio. Tras publicado el Decreto que la creó, su labor se extendió por 45 días corridos y finalizó el 26 de agosto.
La comisión estuvo presidida por María Jaraquemada, e integrada por los comisionados Ramiro Mendoza, Jeannette von Wolfersdorff, Ignacio Irarrázaval y Francisco Agüero.
En tanto, la secretaría ejecutiva del equipo quedó a cargo de Valeria Lübbert, quien cumple actualmente el mismo rol en la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia de la Segpres.
Los expertos escucharon las exposiciones de distintos funcionarios y representantes de la Dirección de Presupuestos de los ministerios de Hacienda, Justicia, Secretaría General de la Presidencia, la Contraloría General de la República, el Consejo de Defensa del Estado, representantes de los Gobiernos Regionales y Municipalidades, además de expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Charity Commission, de Reino Unido, entre otros.
El mandatario cerró su anuncio aseverando que las investigaciones “pueden dar cuenta que se cometieron o no se cometieron actos ilícitos y muchas veces se hacen acusaciones sin fundamento, incluso imputaciones de delitos que tienen que también tener la seriedad para, no en estos casos, meter a todos en el mismo saco (…). Como bien decía María Jaraquemada, no dejemos que los actos de unos pocos ensucien el trabajo de todos“.
¡Se presentaron las propuestas del equipo transversal de expertos! 🙌🏽 La comisión ministerial para regular la relación entre instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado se basó en principios de integridad, transparencia, efectividad, eficiencia y rendición de cuentas ✅ pic.twitter.com/3Jeo8T4cnl
— Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) August 28, 2023
La comisión propondrá 46 medidas concretas para mejorar la regulación que tendrán que ser evaluadas por el Ejecutivo para su posible implementación.
Revisa algunas de las medidas:
- Ley general de transferencias: Propuesta de una ley permanente que regule de manera general y supletoria las transferencias estatales a instituciones privadas con y sin fines de lucro.
- Ampliar la cobertura del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas (SISREC): La medida consiste en ampliar la cobertura de SISREC de Contraloría, como portal único de rendición de las transferencias del Estado.
- Crear un Registro Nacional de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas en Chile Crear un Registro de Personas Jurídicas y de acuerdo con estándares y buenas prácticas del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE.
- Crear un portal electrónico de información sobre transferencia de recursos públicos al sector sin fines de lucro. Creación de un portal electrónico que permita hacer seguimiento y acceder a información sobre las transferencias de recursos públicos a las organizaciones de la sociedad civil.
- Establecer obligaciones de transparencia activa de IPSFL Establecer obligaciones a las IPSFL de publicar cierta información sobre sus antecedentes básicos, su gobierno corporativo, sus actividades y financiamiento en sus sitios web.
- Aumentar estándares de control a corporaciones municipales y regionales en el sistema de gestión y control oficial de cada municipio Integrar a todas las corporaciones municipales en el sistema de gestión y control oficial de cada municipio y buscar una solución homóloga para las corporaciones regionales.
- Establecer la obligación de Alcaldes/as de informar al Concejo Comunal de transferencias, proyectos de inversión o iniciativas, independiente del monto. Lo mismo para Gobernadores respecto del CORE Se propone establecer la obligación de informar y rendir cuentas al Concejo municipal de todas las transferencias, proyectos de inversión o iniciativas, independiente del monto y aunque no requieran su aprobación.
- Reducir el rango de 7000 UTM de la inversión, previsto en la Ley de Gobiernos Regionales. Se propone reducir el monto para el cual se requerirá, por el Gobernador Regional, la aprobación del Consejo Regional para proyectos de inversión e iniciativas. En todo caso, deberá informar al Consejo Regional de todos los proyectos de inversión e iniciativas.
- Establecer un catálogo de sanciones proporcionales adicionales a la cancelación de la personalidad jurídica a IPSFL Establecer normas generales y supletorias con sanciones y principios de aplicación relativas a incumplimientos por parte de IPSFL respecto de transferencias públicas, con un catálogo posible de medidas, de carácter proporcional a la gravedad de la infracción, tales como multa, amonestación, menor recepción de fondos públicos o suspensión.
- Incorporar normas de incompatibilidades para relaciones de pareja no formalizadas e hijos en común Se propone incorporar una incompatibilidad general en materia de contratación y transferencias para incluir las relaciones de pareja no formales, como ha ocurrido en materia de legislación penal sobre femicidio y de violencia intrafamiliar, así como para aquellos con que tienen o han tenido un hijo en común.
- Fortalecer y dar mayor autonomía de la Auditoría Interna Se propone que el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) esté regulado en una ley y que le de cierta autonomía del gobierno de turno para cumplir su rol y garantice su profesionalismo.
- Permitir que Contraloría envíe los antecedentes al Tribunal Electoral Regional (TER) de infracciones de Gobernadores Regionales, Gobiernos Regionales (GORES) y Alcaldes Se propone otorgar la legitimación activa al Contralor General de la República y, por delegación de éste a los Contralores Regionales, para que sea el TER Regional quien determine si las infracciones de los deberes de las autoridades electas implican infracciones graves.
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