El vocero de gobierno, Jaime Bellolio, se refirió este viernes a la declaración de la Convención Constitucional que apoya el proyecto de indulto para los llamados “presos del estallido social”.
El ministro expresó que “como gobierno hemos tenido siempre una línea muy clara: en Chile no existen presos políticos y no lo existen porque Chile es una democracia. Donde sí existen es en Cuba, en Venezuela, Nicaragua, donde hay dictaduras asesinas que por supuesto no creen en la libertad, no creen en la democracia, violan sistemática los DD.HH y meten presas a las personas por consciencia”.
“En Chile, que es una democracia, las personas que están presas lo están por acciones graves y es la Fiscalía la que investiga y son los tribunales los que finalmente sancionan. ¿O alguien podría decir acaso que intentar asesinar a dos carabineras tirándole una bomba molotov no es acaso grave?“, dijo.
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“¿Alguien podría decir que incendiar el Transantiago, quemar los centros de las ciudades, saquear las pymes es algo que no merece que sea investigado siquiera? ¿Que no merece que sea sancionado? Eso es lo que están apuntando algunos cuando dicen que hay que hacer una amnistía, es decir, ni siquiera investigar ese delito”, continuó.
La autoridad además sostuvo que “lamentablemente escuchamos ayer a algunos constituyentes diciendo que la violencia era necesaria, mismos constituyentes que antes en campaña decían que no, pero hoy día dicen que la violencia era necesaria. Y hay algunos aspectos centrales de la democracia, el primero básico es la renuncia a la violencia como método de acción política, eso no es democracia, es la antítesis de la democracia”.
Además, aseguró que con la declaración, “lo que están diciendo es que no creen en la independencia de los tribunales de justicia, no creen en la independencia de los propios fiscales que tienen que hacer las investigaciones y eso también es parte de la esencia de una república”.
“La declaración que se hace el día de ayer tiene errores factuales gravísimos, entre otros, que no existen presos políticos en el país y así ha sido ratificado no solamente por la Corte y otros organismos extranjeros. Cosa distinta son los abusos y eventuales violaciones de DD.HH que tienen que ser investigadas y sancionadas con el máximo rigor de la ley”, cerró.
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