La investigación realizada del organismo de derechos humanos Safeguard Defenders constató que China ha instaurado a nivel mundial 54 centros de servicios policiales secretos y no declarados en distintos países, con el propósito de obligar a quienes migraron a regresar al país y silenciar a la disidencia política.
Se autodenominan “Estaciones de servicio en el extranjero 110”, al igual que el número de emergencia de la policía china.
La unidad de investigación de Radio Bío-Bío accedió a un listado de 30 presuntas comisarías secretas, y pudo revisar que una está ubicada en la ciudad de Viña del Mar, acompañada de una dirección y un número de contacto chileno, en el cual los ciudadanos asiáticos pueden contactarse en caso de emergencias, como si fuera una estación policial.
Según testimonios de la comunidad comentaron que es “regular” ver el ingreso de ciudadanos chinos. Aún no es posible confirmar si funciona o funcionó en dicho lugar un cuartel policial secreto.
Lo que se pudo confirmar es que un número de teléfono está asociado a un restorán chino de Recoleta.
Tras consultar al Consulado de China en Santiago sobre una posible estación policial secreta para silenciar a opositores políticos, respondieron que no poseen antecedentes sobre la existencia de alguna oficina.
Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió al informe del organismo Safeguard Defenders tras terminar la reunión del comité político encabezada por el presidente Gabriel Boric.
“Este es un caso que tiene un carácter internacional. Nosotros estamos dispuestos y activos, aportando a esa investigación a través de la Policía de Investigaciones”, confirmó la ministra Tohá.
Y agregó que “en la medida que haya información relevante que comunicar a la ciudadanía, se las iremos contando. Por ahora, participamos de la investigación”.
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“Reprimir a la disidencia”
El informe elaborado por el organismo de derechos humanos Safeguard Defenders señaló que los cuarteles de policía secreta es “un medio para que el Partido Comunista Chino (PCCh) tome la ley en sus propias manos, sin importar la jurisdicción”
Laura Harth, directora de campaña de Safeguard Defenders, señaló a The Associated Press que el propósito es “reprimir a la disidencia” y “silenciar a la gente“, además que las personas que tienen familiares en China “tienen miedo de hablar”.
Los expertos realizaron esta investigación debido a que las oficinas de seguridad china en Fuzhou y Qingtian hicieran públicas sus direcciones.
La versión del régimen chino es que estos centros se han utilizado para disuadir el “fraude transnacional” y brindar servicios diplomáticos a los ciudadanos que viven en el exterior.
Según el informe, entre abril de 2021 y julio de 2022, la policía china reubicada en el extranjero “persuadió” a 230.000 presuntos fugitivos para que regresaran al país “voluntariamente”, aunque las autoridades chinas admitieron que no todos los ciudadanos habían cometido un delito.
El reporte permitió localizar la concentración de cuarteles policiales no declarados en el exterior. Los gobiernos de Canadá, Londres, Glasgow, Nueva York, Ottawa, Dublin, Madrid, Amsterdam, Rotterdam y Sidney, ya comenzaron sus investigaciones sobre la instalación de estos centros.
En tanto, en Latinoamérica estos centros policiales ilegales se encontrarían en Buenos Aires, San Pablo, Río de Janeiro, Guayaquil, Quito y Viña del Mar.
Algo común comparten Chile y Argentina, y es que las presuntas comisarías ilegales serían administradas por la Oficina de Seguridad Pública del condado de Fuzhou (provincia de Fujian).
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