La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este jueves la creación de una nueva comisión investigadora de fraudes tributarios. Esto sin votación ni discusión.
La instancia está destinada a analizar el trabajo de las autoridades en relación con los actos y declaraciones realizados por los imputados por el “mayor fraude tributario en la historia de Chile“.
El fraude, por más de $240 mil millones, resultó en la detención de más de cincuenta personas, mayormente empresarios, y abarca ilícitos cometidos desde el año 2016 hasta la actualidad.
La comisión tendrá como objetivo fiscalizar las acciones del Gobierno, especialmente del Ministerio de Hacienda, de Aduanas, del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), entre otras entidades.
Su enfoque principal será indagar la correcta fiscalización y control durante la investigación del caso a lo largo de la última década.
La solicitud para establecer esta comisión fue presentada por 66 diputados y diputadas debido a la gravedad del caso.
El caso
Un megaoperativo, liderado por el persecutor de la Fiscalía Metropolitana Occidente, Eduardo Baeza, y tramitado bajo estricta reserva, allanó cerca de un centenar de domicilios en todo el país.
La investigación reveló la participación de más de 300 contribuyentes y al menos a 7 clanes criminales en la emisión de más de 100 mil facturas falsas, permitiéndoles defraudar al Fisco en aproximadamente $240 mil millones.
Se presume que había más de 100 empresas “fantasmas” involucradas operando en al menos 10 regiones del país, con más de 400 cuentas bancarias, numerosos inmuebles, vehículos, dinero en efectivo y otras divisas.
El caso provocó la detención de 55 personas, en su mayoría empresarios, quienes están acusadas de causar el perjuicio fiscal más grande de la historia de Chile.
La trama delictiva, descubierta a raíz de querellas presentadas por Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos (SII), involucra a diversas sociedades que emitieron y facilitaron documentos tributarios fraudulentos.
Las querellas fueron interpuestas luego de que las entidades identificaran movimientos sospechosos de similares características que compartían los mismos proveedores o emisores tributarios falsos.
Hasta el momento, la Policía de Investigaciones (PDI) y los persecutores penales han logrado recuperar bienes y dinero por un total de $25 mil millones.
La comisión sobre fraude tributario tiene la responsabilidad de presentar su informe en un plazo no superior a 60 días y podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional para llevar a cabo su mandato de manera eficiente.
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