El diputado del Partido Republicano, Juan Irarrázaval, anunció que acudiría a la Contraloría General de la República para denunciar presuntas irregularidades en una serie de convenios suscritos por la Fundación Daya.
La entidad fundada por la parlamentaria Ana María Gazmuri, según publicó La Tercera, habría adquirido diversos convenios de colaboración bajo el propósito de implementar programas con el uso de aceite de cannabis como terapia complementaria para pacientes con patologías con dolor crónico.
Sin embargo, según el diputado opositor, los recursos fueron destinados para comprar chocolates, financiamiento de viajes y el pago de la cuenta de internet de la casa de Gazmuri.
¿Qué paso?
Estos convenios fueron suscritos entre 2015 y 2016 en Tocopilla, Arica, Puerto Natales, Peñalolén, Quilpué, Graneros, Calera de Tango, Quilicura, Copiapó, Chillán y Quinta Normal, sin que se implementaran los “mecanismos necesarios para administrar y custodiar debidamente los traspasos de dinero realizados a la fundación”.
Respecto a la situación, “no se ha solicitado la devolución o reintegro de los dineros depositados en la cuenta de la referida institución privada”. En concreto, la Fundación Daya adeuda más $171 millones en rediciones y por tratamientos que no se llevaron a cabo.
Irarrázaval también señaló que dicha ONG recorrió diferentes puntos del país prometiendo tratamientos con el uso de cannabis medicinal.
“Decenas de municipios confiaron en ella, la financiaron con cientos millones y no recibieron absolutamente nada a cambio. Solo unas pocas recibieron rendiciones de esos recursos, y son francamente ridículas”, subrayó.
El parlamentario recalcó que estos recursos se gastaron en “chocolates, carne molida, paseos a Viña, helados, papel higiénico y en estufas a leña para la sede ubicada en la Región Metropolitana, e incluso se utilizó para el pago de internet del domicilio de la diputada Gazmuri”.
Además, detalló que los hermanos de la parlamentaria son miembros directivos de dicha entidad.
Es por este motivo que solicitará a Contraloría que determine responsabilidades administrativas y eventuales sanciones que correspondan tanto a funcionarios como autoridades municipales involucradas, además de la restitución de los fondos obtenidos por la Fundación Daya.
Deja tu comentario