El Fondo E de las AFP registró una caída real de 4,92% en septiembre, con lo que acumuló una rentabilidad negativa de 10,39% entre enero y septiembre de 2026. El desempeño estuvo marcado por el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, que afectó la valoración de inversiones de renta fija y de posiciones en derivados financieros vinculados a esas tasas.
Uno de los factores que incidieron en el desempeño fue la exposición a swaps de tasas de interés, instrumentos derivados cuyo valor depende de la evolución de las tasas.
En este contexto, de acuerdo a lo informado por La Tercera, el Banco Central (BC) confirmó que ya había advertido sobre los riesgos asociados a la elevada exposición de las AFP a estas operaciones.
“Respecto de las operaciones efectuadas por dichos fondos con instrumentos de derivados de tasas externas, el BC manifestó sus apreciaciones sobre los riesgos asociados a esas exposiciones para el mercado financiero local tanto en los Informes de Estabilidad Financiera (IEF) del segundo semestre de 2025 y primer semestre de 2026, así como en diversas instancias de coordinación interinstitucional con otras autoridades financieras”, señaló el instituto emisor.
En su último IEF, correspondiente al primer semestre de 2026, el organismo advirtió que “el crecimiento de las posiciones de fondos de pensiones en swaps de tasas de interés se ha moderado respecto a años anteriores, pero se mantiene elevada”.
El informe también precisó que las posiciones en derivados de tasas en dólares de largo plazo aumentan la exposición de los fondos de pensiones al riesgo de incrementos en las tasas de ese segmento. Sin embargo, el Banco Central aclaró que el mercado financiero chileno ha operado con normalidad durante los últimos meses, sin observarse alteraciones en la formación de precios.
El organismo destacó, además, que la nueva normativa de la Superintendencia de Pensiones establece límites de exposición y exigencias de liquidez para estas operaciones. Las medidas buscan reducir los riesgos asociados a eventuales necesidades de recursos para cubrir llamados de margen, es decir, garantías adicionales exigidas ante movimientos adversos del mercado.
También contemplan mecanismos para mitigar el riesgo de contraparte en las nuevas operaciones con derivados, que entrarán en plena vigencia en 2027.
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