Este jueves, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados vota la acusación constitucional en contra del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, en el marco del denominado Caso Convenios.
El titular de Gobierno es apuntado de tener responsabilidad política por los presuntos hechos de corrupción ocurridos en el traspaso de recursos desde la secretaría regional ministerial (Seremi) de la cartera en Antofagasta a Democracia Viva, fundación vinculada a militantes de Revolución Democrática (RD).
El libelo cuenta con más de 80 páginas, está firmado por algunos diputados de la coalición Chile Vamos y los partidos Republicano, De la Gente y Social Cristiano, y llega con un informe positivo -no vinculante- a la Sala. Es decir, los parlamentarios de la instancia estiman que el secretario de Estado sí es responsable sobre lo que es acusado.
La diputada Francesca Muñoz (PSC) será encargada de sostener la acusación en la Cámara. Para ello, los diputados de la Cámara deberán rechazar la eventual cuestión previa a la que se acogería el abogado del titular de Vivienda, Pablo Ruiz-Tagle, y decidir debatir el fondo del escrito.
¿Qué es la cuestión previa?
El Título IV: Tramitación de las Acusaciones Constitucionales de la Ley Orgánica constitucional del Congreso Nacional (Ley 18.918) establece, entre otros, el procedimiento que se debe efectuar en el Parlamento ante las acusaciones constitucionales.
En el artículo 43 de esta normativa se habla de la cuestión previa. Esta, en términos generales, consiste en un recurso procesal que, en caso de ser aprobado, impide la deliberación sobre un tema en la orden del día de alguna asamblea.
En el caso de las acusaciones constitucionales, la ley establece que antes de que la Cámara de Diputadas y Diputados inicie el debate, solo el afectado podrá deducir, de palabra o por escrito, la cuestión previa de que la acusación no cumple con los requisitos que la Constitución Política señala. En este caso, lo haría el abogado Pablo Ruiz-Tagle en representación del ministro de Montes.
Luego, la Sala votará lo expuesto, por mayoría de los diputados presentes; y si la corporación acoge la cuestión previa, “la acusación se tendrá por no interpuesta”, dice la norma. Sin embargo, “si la desechare, no podrá renovarse la discusión sobre la improcedencia de la acusación y nadie podrá insistir en ella”. Con ello, se procede a la discusión y votación del libelo.
¿Por qué es acusado el ministro Montes?
La acusación constitucional en contra del ministro Carlos Montes tiene cinco capítulos, donde se le apunta de haber infringido el principio de probidad, entre otros aspectos. Estos son:
- Capítulo Primero: No ejercer el control jerárquico permanente del funcionamiento de los organismos y de la actuación del personal de su dependencia, y no cumplir con las obligaciones de dirección y fiscalización en la delegación de firma a las seremis en el contexto de la ejecución del Programa Asentamientos Precarios durante los años 2022 y 2023.
- Capítulo Segundo: No observar los principios de eficiencia y eficacia en la ejecución del Programa Asentamientos Precarios durante los años 2022 y 2023.
- Capítulo Tercero: Haber infringido la Constitución y las Leyes al no observar estrictamente el principio de probidad administrativa.
- Capítulo Cuarto: Responsabilidad política por no haber infringido el principio de probidad consagrado en el inciso primero del artículo octavo de la Constitución.
- Capítulo Quinto: Infracción de la norma del artículo 175 letra b) del Código Procesal Penal que obliga al empleado público a denunciar los delitos respecto de los cuales toma conocimiento.
¿Cuántos votos se necesitan para aprobar la acusación?
Para aprobar la acusación constitucional en contra del ministro Carlos Montes se requiere una mayoría simple, es decir, los votos de 78 de los 154 diputados habilitados de la Cámara.
En caso de ser respaldado, el libelo continuará su tramitación en el Congreso Nacional y será en el Senado donde se decidirá el futuro político del titular de Vivienda.
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