Este martes, un grupo de parlamentarios de oposición presentó una acusación constitucional en contra del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, en el marco del denominado Caso Convenios.
El libelo ingresado ante la Cámara de Diputadas y Diputados acusa responsabilidad política del secretario de Estado por los presuntos hechos de corrupción ocurridos en el traspaso de recursos desde la secretaría regional ministerial (seremi) de la cartera a Democracia Viva, fundación vinculada a militantes de Revolución Democrática (RD).
El libelo de 81 páginas está firmado por algunos diputados de la coalición Chile Vamos y los partidos Republicano, De la Gente y Social Cristiano: Roberto Arroyo (PSC), Francesca Muñoz (PSC), Yovana Ahumada (IND), Gaspar Rivas (PDG), Jorge Durán (RN), Hugo Rey (RN), Guillermo Ramírez (UDI), Marco Antonio Sulantay (UDI), Agustín Romero (PLR) y Cristian Araya (PLR).
Capítulos de la acusación
- Capítulo Primero: Haber dejado de ejecutar las leyes, al no ejercer el control jerárquico correspondiente sobre el funcionamiento de los órganos y actuación del personal sometidos a su dependencia.
- Capítulo Segundo: Haber dejado de ejecutar las leyes en materias relativas a la eficiencia y eficacia en la ejecución del Programa Asentamientos Precarios durante los años 2022 y 2023 en curso.
- Capítulo Tercero: Haber infringido la Constitución y las Leyes al no observar estrictamente el principio de probidad administrativa.
- Capítulo Cuarto: El ministro Carlos Montes es el responsable político de haber infringido el principio de probidad consagrado en el inciso primero del artículo octavo de la Constitución.
- Capítulo Quinto: Infracción de la norma del artículo 175 letra b) del Código Procesal Penal que obliga al empleado público a denunciar los delitos respecto de los cuales toma conocimiento.
La acusación también expone una serie de análisis y conclusiones de los parlamentarios:
- En mayo, Carla Olivares, presidenta de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Vivienda y Urbanización de Antofagasta, envía un correo electrónico denunciando irregularidades en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Esta denuncia se centra en el programa de Asentamientos Precarios y destaca la gestión problemática del entonces seremi Carlos Contreras. La denuncia cobra mayor relevancia debido a su origen: proviene de personas con conocimiento directo de los hechos y experiencia técnica en el área. Además, menciona la participación de la Fundación Democracia Viva en las presuntas irregularidades y la existencia de dos convenios en curso, lo que subraya la urgencia de tomar medidas.
- La denuncia revela conflictos de interés, ya que el director de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, mantiene una relación sentimental con la diputada Catalina Pérez, de la Región de Antofagasta, mientras que el seremi fue asesor de la misma parlamentaria. Se señala que los equipos técnicos fueron separados de las decisiones relacionadas con la asignación de presupuestos, lo que se considera inapropiado y poco transparente. Esta preocupación fue comunicada a las autoridades en el nivel central del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
- Otro punto importante abordado en la denuncia está relacionado con el pago de un arriendo por parte de la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta a la Fundación Procultura, por un total de $54,2 millones. La denuncia subraya la falta de justificación de este gasto y la falta de entrega de documentación y contratos de arrendamiento.
- La existencia de esta denuncia plantea preguntas sobre si hubo funcionarios a nivel regional y central que conocían las irregularidades y no las informaron a sus superiores. Esto sugiere que la denuncia podría haber sido tratada con negligencia o incluso que podría existir una red de protección dentro del ministerio. Desde el punto de vista legal, el artículo 175 letra b) del Código Procesal Penal establece que los empleados públicos, incluyendo al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, tienen la obligación legal de denunciar delitos de los que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones dentro de un plazo de 24 horas.
- La omisión de denuncia, especialmente por parte de un ministro de Estado, es una violación grave de esta obligación legal y puede conllevar sanciones legales significativas.
- La investigación en curso de la Fiscalía de Antofagasta es fundamental para aclarar los hechos y determinar si se cumplió adecuadamente con estas obligaciones legales y éticas. Además, la alta responsabilidad de un ministro de Estado aumenta la gravedad de la omisión de denuncia y plantea dudas sobre el cumplimiento de la ley y el interés público.
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