Parlamentarios de Renovación Nacional impulsan una reforma constitucional que permita, fuera de cualquier ambigüedad, acusar constitucionalmente a las y los gobernadores del país. Esto, a propósito del correcto uso de recursos públicos y el rol que estas autoridades juegan en ello.
La diputada Paula Labra, autora de la iniciativa, afirmó que este tipo de acciones son clave “para asegurar el buen uso de los recursos públicos que van directamente a nuestras regiones”.
La idea legislativa surge a pesar de que los gobernadores ya puedan ser objeto de una acusación constitucional. Sin embargo, la necesidad de una reforma en este respecto nace de “una omisión” en la actual Constitución.
La diputada Camila Flores, además de los miembros de la comisión de Gobierno Interior de la Cámara, Miguel Ángel Becker y Bernardo Berger, ya mostraron su respaldo al proyecto. Junto con los miembros de RN, se sumó el representante de Amarillos por Chile, Andrés Jouannet.
Las críticas a gobernadores, electos popularmente desde 2021, surge a propósito de los escándalos relaciones a traspasos de dineros a fundaciones, en el marco del bullado Caso Convenios.
“Hemos visto un nuevo sistema de corrupción instalado en la administración del Estado, donde uno de los principales actores son los gobiernos regionales”, aseguró la diputada Labra.
De esta manera, el proyecto buscaría que, sin interpretación mediante, les sea posible a las y los parlamentarios acusar constitucionalmente a dicha autoridad regional.
“Debemos usar todas nuestras herramientas, nuestras facultades fiscalizadoras para asegurar el buen uso de los recursos públicos; sobre todo cuando se trata de recursos que van directamente a la ayuda del crecimiento, del desarrollo económico de nuestras regiones”, añadió.
Así, explicó que la iniciativa buscará sancionar a “todos aquellos gobernadores que estén involucrados en corrupción, que han mal uso de los recursos públicos, sean sujetos de acusación constitucional”.
Por su parte, la diputada Flores comentó que “se tiene que poner un fin a estas irresponsabilidades, a esta falta de la probidad”, agregando que “tiene que existir, por cierto, la acción penal donde se persiga a estas personas, pero también tienen que existir respecto de ellos responsabilidades políticas”.
El parlamentario de Amarillos también se sumó al respaldo a la iniciativa, indicando que ya que “la figura de los gobernadores regionales nació para descentralizar el poder”, es necesario establecer un control de orden político a dichos representantes.
“La acusación constitucional es un elemento que, al igual que los ministros y como efectivamente los gobernadores son parte del poder Ejecutivo, tiene que pesar sobre ellos. Para que tengan al menos un sistema de control, de lo contrario van a seguir haciendo lo que quieran”, afirmó Jouannet.
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