El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, eligió al abogado Francisco Cox para que lo defienda en ante la acusación constitucional que la oposición presentó en su contra en la Cámara de Diputadas y Diputadas el lunes pasado.
Su trayectoria profesional
Cox es egresado de la Universidad Diego Portales (UDP), posee un máster en Columbia Law School y en su carrera se ha especializado en casos de Derechos Humanos, tanto a nivel nacional como internacional.
Fue nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar la desaparición de 43 estudiantes en México, y ha representado en la Corte Penal Internacional a las víctimas de la guerrilla en Uganda, siendo el único abogado chileno que ha litigado ante ese tribunal.
A fines de 2019, Cox fue convocado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para participar como experto en una misión especial de investigación sobre Venezuela.
Aquel año también defendió a la en ese entonces ministra de Educación, Marcela Cubillos, ante la acusación constitucional que el ahora oficialismo interpuso en su contra, y que finalmente fue rechazada.
Asimismo, fue abogado defensor de Karen Atala en el juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Chile.
Además, ha sido profesor en la UDP, en “Clínicas de Interés Público y Derechos Humanos”, y en la Universidad de Valparaíso.
“Cuando la AC se usa para infligir una derrota a un gobierno, no es la herramienta”
En entrevista con La Tercera comentó por qué aceptó asumir la representación del ministro Ávila frente al libelo que presentaron parlamentarios de oposición del lunes pasado.
“La razón por la que decido asumir es parecida a la que me llevó a defender a la ministra Cubillos. Es porque me parece que una acusación constitucional es una herramienta que debe usarse muy excepcionalmente y cuando uno esté frente a hechos graves, ya sea de inejecución, de comisión de delitos, de violación a la Constitución, a las leyes. Y cuando se empieza a usar esto como un arma de disputa política para infligir una derrota a un gobierno u otro, me parece que no es la herramienta. Un tema tan sensible como la educación lo que requiere es justamente la construcción de un plan o diseño nacional y no un espacio de disputa política”, afirmó.
Estos son los 7 capítulos de la acusación contra Ávila
- Infracción del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos con ocasión de la implementación de las “Jornadas de Educación No Sexista”.
- Infracción del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos con ocasión de la implementación de las “Orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes con identidades de género y orientaciones sexoafectivas diversas en el sistema educativo de Chile”.
- Infracción de la Ley General de Educación al excluir a los estudiantes con discapacidad de la “Política de Educación Inclusiva” del Ministerio de Educación.
- Infracción al rol de autoridad y conducción del sector educativo: Ausentismo y deserción escolar; infraestructura educativa, donde solo ha habido un fallido proceso de licitación, afirman; y Calidad educativa, asegurando que no hay política para mejorar las escuelas con rendimiento eficiente.
- Incumplimiento del rol de supervigilancia de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas con ocasión del inserto de información sobre “educación no sexista” en los cuadernos entregados a los estudiantes del sistema público.
- Incumplimiento del rol de supervigilancia de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas con ocasión de los programas “de Alimentación Escolar” y “de Alimentación Parvularia”.
- Incumplimiento de la ley en lo referente al Sistema de Educación Pública, con ocasión de graves negligencias e inejecuciones en implementación de los Servicios Locales de Educación.
¿Quiénes integrarán la comisión revisora?
- Tomás Hirsch (Acción Humanista).
- Héctor Ulloa (IND-PPD).
- Juan Santana (PS).
- Miguel Becker (RN).
- Gloria Naveillán (IND).
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