A las 10:00 horas de este jueves comenzó en la Cámara de Diputadas y Diputados la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes, a quien se le acusa tener responsabilidad política en los presuntos actos de corrupción tras los millonarios contratos de transferencia entre el Serviu de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, ligada a militantes de Revolución Democrática (RD).
El jefe de Vivienda invocó la cuestión previa, dando paso a la argumentación del abogado Pablo Ruiz Tagle, quien inició la lectura del recurso. Sin embargo, antes comenzó a enumerar una serie de desprolijidades de forma y fondo que, a su juicio, son una “falta de cortesía” hacia la Cámara.
“Diputados y diputadas, cuando se examina el libelo presentado por los honorables diputados en contra del ministro Montes, se encuentran toda clase de errores de forma y de fondo”, aseveró.
En concreto, dijo que “no está paginado, las referencias no llegan a ninguna parte, las opiniones citadas en cursiva no se sabe a quién pertenecen, es una falta de cortesía a esta corporación, a la Comisión, a la Cámara, el haber presentado el libelo en estas condiciones”.
Libelo tiene “deficiencias”
Además, Ruiz Tagle señaló que la acusación “se funda en una interpretación errada de los criterios de responsabilidad, porque habla de responsabilidad objetiva. Dice que estos son los criterios que deben utilizarse en las acusaciones constitucionales, y se equivoca, y se equivoca también en forzar de manera amplia y antojadiza las causales consagradas en la Constitución, y no da cumplimiento a los requisitos que la Constitución exige para aceptar un documento como acusación constitucional”.
“Estas deficiencias del libelo acusatorio tornan imposible su prosecución y justifican que sea declarada enteramente inadmisible en la instancia de análisis de la cuestión previa, que es la que estamos conociendo, porque los acusadores no han explicado en su libelo imperfecto en qué consiste la acción u omisión que configura la vulneración de la Constitución y las leyes de las que se acusa al ministro”, sentenció.
El abogado continuó diciendo que “a partir de esta presentación inconstitucional, parcial y vaga, y de antecedentes tarjados de tablas copiadas y pegadas, se espera que se deduzcan hechos que sean imputables a la gestión del ministro Carlos Montes. Y este defecto continúa cada uno de los cinco capítulos acusatorios y contradice derechamente por su fondo y por su forma la Constitución política y contradice también la doctrina constitucional y la jurisprudencia que esta Cámara han sentado en la materia”.
Por todo aquello, afirmó que la Cámara “no puede hacer suya esta acusación que muestra de modo flagrante un derecho que no se respeta, un desprecio por el derecho y la racionalidad”.
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