Durante la mañana de este sábado, el abogado representante de la defensa del presidente Sebastián Piñera, Jorge Gálvez, declaró nuevamente en la comisión encargada de analizar la acusación constitucional en contra del mandatario tras las revelaciones de la compraventa del proyecto minero Dominga en la investigación “Pandora Papers”.
Según indicó la defensa del presidente, la acusación constitucional interpuesta en contra de Sebastián Piñera, no reúne los requisitos legales ni constitucionales para su procedencia.
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“La acusación constitucional se basa en meras suposiciones, es vaga, tiene referencias genéricas a normas, afecta la garantía del debido proceso, por lo tanto, afecta gravemente el principio de presunción de inocencia y no concurren en ella actos que afecten gravemente el honor de la nación”, expuso.
Además, subrayó que la iniciativa de consagrar un área costera protegida en la zona de La Higuera no es que no fuese considerada por razones políticas, ni que el Mandatario “haya desarrollado alguna acción para impedir la protección ambiental”.
Además, el jurista señaló que no es efectivo que la iniciativa de consagrar un área costera protegida en la zona de La Higuera, presentado por Oceana, no fuera considerado por razones políticas.
“No es efectivo que el Presidente Piñera haya desarrollado alguna acción para impedir la protección ambiental en la zona”, sentenció.
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¿Qué es lo que viene tras la presentación de la defensa?
La comisión revisora de la acusación constitucional contra el mandatario tendrá un plazo de seis días para estudiar los antecedentes y determinar una postura a través de un informe no vinculante.
Luego de eso, se dará inicio a la votación en la Cámara de Diputadas y Diputados. En ese momento, el acusado puede invocar la cuestión previa en caso que encuentre pertinente que la acusación no cumple con las condiciones reglamentarias.
En caso de ser acogida y aprobada la cuestión previa por los parlamentarios, la acusación constitucional podría no llegar a puerto.
Si deciden continuar con ella, la Cámara Baja deberá discutir el fondo del libelo, pero requerirá de 78 votos para ser aprobada. Si alcanza ese apoyo, la acusación deberá ser revisada por el Senado y el presidente quedará suspendido de sus funciones a la espera del resultado final.
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