Este viernes, el Servicio Nacional de Migraciones confirmó la expulsión de 15 personas hacia La Paz, en Bolivia y Santo Domingo, en República Dominicana, en un vuelo de la Fuerza Aérea de Chile (FACH).
Nueve de las personas fueron expulsadas por orden judicial, y seis por orden administrativa.
El Servicio comunicó que ocho expulsados subieron al avión en el Grupo 10 de la FACH, que luego hizo una escala para recoger a otras siete personas en la Base Los Cóndores, en Iquique.
A la ciudad de La Paz llegarán nueve hombres y una mujer de nacionalidad boliviana. Más tarde, en Santo Domingo bajarán del avión cuatro hombres y dos mujeres dominicanas.
El Gobierno informó que de la suma total de expulsados, dos tenían condena por el delito de incendio, otras tres por robo con intimidación, una por robo con violencia, una por receptación, dos por infringir la Ley 20.000 y seis por ingresar al país por pasos no habilitados.
De acuerdo al marco legal vigente, el Servicio Nacional de Migraciones se encarga de dictar las expulsiones administrativas y de la logística para las expulsiones judiciales y administrativas.
“Las expulsiones se llevan a cabo gracias al trabajo coordinado con la Policía de Investigaciones, que debe ubicar y detener a las personas para materializar la expulsión, ya sea por vía aérea o terrestre, y escoltar a las personas a sus países de origen”, señalaron.
Expulsiones a la fecha
Durante 2023 y a la fecha, incluido este vuelo de la FACH, se han materializado 938 expulsiones: 332 administrativas y 606 judiciales.
De ellas, el 75% se ha hecho en vuelos de la FACH o comerciales y un 25% por vía terrestre.
Además de las expulsiones, el Gobierno trabaja en implementar medidas preventivas para fortalecer la seguridad pública de la ciudadanía. Entre ellas destaca la reciente toma de razón de la Contraloría de la Política Nacional de Migración y Extranjería, que ya empezó a regir, convirtiéndose en un hito en las políticas públicas del país.
El director del Servicio de Migraciones, Luis Thayer, destacó que “seguimos trabajando en materializar las expulsiones administrativas y judiciales, priorizando aquellas personas que han cometido delitos o tienen antecedentes penales. La Política Nacional de Migración y Extranjería nos permitirá hacer más eficientes los procesos sancionatorios, así como fortalecer la gestión interna del Servicio”.
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