Comienza una nueva etapa del proceso constituyente. Los denominados expertos dieron paso a los Consejeros Constitucionales para que modifiquen, añadan o supriman artículos del Anteproyecto. Con ello, también es tiempo de otra importante coprotagonista del proceso: La participación ciudadana.
Los promotores de la Convención Constitucional, es decir, del proceso constituyente anterior, se jactaron de que la participación ciudadana o popular era uno de los pilares de la Convención Constitucional y una más de las características que dotaban de una supuesta legitimidad democrática al proceso.
El diputado del Frente Amplio, Gonzalo Winter, sostuvo, en un momento previo a la reforma que habilitó el proceso constituyente, que era imperativo establecer “mecanismos de participación regulares y en algún grado vinculantes, es decir, que los ciudadanos no electos para la Convención sean formalmente reconocidos como parte del proceso”.
Incluso desde dentro del proceso, el exconvencional del Partido Socialista, Ricardo Montero, afirmó que durante su campaña asumió el compromiso de reconocer y proteger la participación ciudadana inclusiva en el proceso constituyente a través del reglamento de la Convención.
Sin embargo, es por todos conocido que, llegado el momento de la verdad, cuando las iniciativas populares de norma —mecanismo de participación ciudadana más difundido— dieron como resultado propuestas contrarias al ánimo refundacional de la Convención, estas fueron desechadas de plano y sin mayor consideración.
Iniciativas como Con mi plata no, que protegían los fondos de pensiones de los trabajadores; Siempre por la Vida, que buscaba la protección de la vida en todas sus etapas y en especial la del niño que está por nacer; Primero las víctimas, que buscaba dar más protección a las víctimas de delitos; aquellas que buscan proteger la libertad de enseñanza y aquellas que buscaban consagrar la libertad de conciencia y religión, estaban dentro de las 10 propuestas más votadas, sumando más de 260 mil apoyos ciudadanos en total
Ninguna de las iniciativas antes citadas llegó a ser siquiera conocida por el pleno de la Convención Constitucional, siendo rechazadas en general apenas llegadas a las respectivas comisiones. Finalmente, no fueron más que declaraciones testimoniales, voces que gritaron en el desierto.
Este segundo proceso constitucional también considera distintos mecanismos de participación ciudadana. Así, hoy ya están disponibles las plataformas de inscripciones para las audiencias públicas, presentar las iniciativas populares de norma, participar de los diálogos ciudadanos y de una consulta ciudadana digital.
Si bien los mecanismos de participación actuales no presentan una gran innovación respecto de los presentes en el proceso anterior, es fundamental que en esta oportunidad la ciudadanía tenga un rol que impacte verdaderamente en el proyecto final.
Sin embargo, el resultado de este ejercicio no implica necesariamente acoger todas las propuestas, sino que estas sean, a lo menos, conocidas, estudiadas y debatidas en su mérito por los Consejeros. Esta deliberación del Consejo Constitucional debería, por un lado, acoger las buenas propuestas, que refuercen las libertades fundamentales y, por otro, desechar aquellas que propugnen un sectario dogmatismo o sean impropias de materias constitucionales.
Sea cual sea el resultado de estos mecanismos, lo cierto es que la participación ciudadana no puede ser solo un símbolo para dotar de legitimidad artificial al proceso constitucional, sino que debe materializarse en un aporte real en el debate constitucional y en lo posible plasmado la propuesta final que el Consejo Constitucional entregue a la ciudadanía.
El Anteproyecto de los expertos es un buen punto de partida para esta importante etapa del proceso, que sin dudas deberá ser complementado con las distintas visiones de los miembros del Consejo Constitucional. Adicionalmente, el valorar el punto de vista y las innovaciones propuestas desde la sociedad civil es un buen vehículo para fortalecer el Anteproyecto.
Los vacíos y oportunidades de mejora que existen en Educación y Enseñanza, acceso a la protección de la salud, responsabilidad del Estado en materia de seguridad, la protección a las víctimas del delito son temas que la sociedad civil tiene mucho que decir y aportar. En especial, frente a una visión parcial que busca, a través de una interpretación en particular del denominado Estado Social, otorgarle al Estado un rol protagónico en la vida en sociedad por sobre el impulso, creatividad y libertad de las personas, familias y grupos intermedios, es fundamental que la defensa de su autonomía quede bien protegida en el texto fundamental.
No es tiempo de mezquindad política y menos cuando lo que se debate es la norma fundamental del país. Por lo tanto, la responsabilidad de los Consejeros Constitucionales no solo recae en comprender, dialogar y deliberar sobre las ideas de los adversarios políticos, sino también sobre las aspiraciones de la sociedad civil que defenderá su espacio de autonomía frente a un Estado cada vez más grande, y su legítimo lugar en la consecución del Bien Común.
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