Durante los últimos tres años, hemos entrado en un espiral delictual que golpea a la mayor parte de las comunas de nuestro país, llevando durante los últimos meses a que la discusión política se centre en la seguridad pública.
El debate respecto al panorama de inseguridad se ha abordado a partir de trámites legislativos que aumentan penas, extienden las facultades a las policías y tipifican nuevos delitos, entre otras. Sin desconocer la relevancia de la discusión legislativa, la conversación política se ha concentrado en el Congreso Nacional, lejos de los barrios y los pasajes; lejos de las personas que sufren en carne propia la delincuencia.
Esa lejanía y el efectismo mediático explica que, medidas como destruir las famosas “casas narcos” sin evidencia alguna de efectividad, tengan altos niveles de aprobación ciudadana. Esa lejanía y el oportunismo de sectores conservadores, está abriendo un espacio político peligroso, polarizante -caldo de cultivo para que sectores extremos-, que, en nombre de la seguridad llegan, incluso, a relativizar la centralidad de los derechos humanos en el combate contra la delincuencia.
El caso del presidente Bukele en El Salvador, nos alerta de un fatal pronóstico de lo que puede llegar a pasar en Chile. De no hacer nada distinto, estaremos sacrificando nuestras libertades en nombre de la seguridad pública y lo lamentaremos.
En este contexto, es momento que desde el progresismo planteemos una tesis respecto de la seguridad pública sin complejos, pero efectiva en los resultados. Nuestro sector político mantendrá -o recobrará- la confianza ciudadana cuando seamos capaces de devolver los pasajes, las calles, las plazas, los barrios a las y los ciudadanos honestos y trabajadores.
Los alcaldes y alcaldesas progresistas tenemos un sello adicional que, hasta el momento, no hemos visto, en los voceros(as) de sectores que hoy monopolizan el debate público en materia de seguridad. Los municipios somos los primeros testigos institucionales en recibir la sensación de indefensión y de abandono de nuestros vecinos y vecinas. Esta sensación es fruto de la ocurrencia de hechos delictivos cada vez más violentos y de la vivencia cotidiana, de la penetración por parte del narco y el crimen organizado en los espacios abandonados por el Estado.
Y es que llevamos años denunciando que el “desarrollo” no solo ha sido injusto con el acceso a la salud, las pensiones o las oportunidades laborales, sino que también ha sido injusto en la construcción de ciudades desiguales, permitiendo también el avance de este tipo de grupos delictuales.
Cuando la luminaria del paradero no prende en la noche, cuando la plaza no tiene bancas, ni juegos, ni pasto; cuando la vereda que sale a la calle principal es de tierra; cuando se acumula basura en una esquina oscura; cuando el transporte pasa mal, tarde o nunca, la sensación de inseguridad no solo crece, sino que se hace real con la comisión de incivilidades y delitos como robos, violaciones y asesinatos en esos mismos lugares que, por años, han estado abandonados.
De ahí que, ante la falta de infraestructura y servicios públicos, surjan otros actores como el narco o crimen organizado que, supliendo la ausencia del Estado, se convierten en los actores que ofrecen “la tranquilidad” a barrios perdidos en la desesperanza de un país en el que el desarrollo no llega hasta sus calles.
La mayor presencia del Estado se mide con más presencia policial, pero también se mide en la calidad de la infraestructura pública. La ciudadanía sabe que no puede haber un carabinero en cada esquina, pero también sabe que una plaza bonita, un paradero iluminado, una escuela acogedora, como ocurre en otros sectores del país, contribuye altamente a la seguridad de sus barrios.
El mejoramiento de la calidad del espacio público y la organización de la comunidad hacen presente el Estado, allí donde el narco había logrado destruir los vínculos sociales. Esto, sumado al fortalecimiento de las direcciones de seguridad (en aquellas comunas que la tienen) en mediación comunitaria, en la identificación de situaciones de peligro, en ser un agente comunitario que acompañe a una comunidad que cuida en tareas de cohesión social, entre otras, debe ser el camino de la reforma anunciada la semana pasada.
Lo inteligente en la urgencia actual es caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Es tener mano dura con una delincuencia desatada y violenta, a la vez que enfrentamos los causantes estructurales de la delincuencia. Las municipalidades podemos ser importantes aliadas en esta batalla. Nuestro aporte es hacer lo que hay que hacer: cumplir el rol preventivo que nos asigna la ley y no a dedicarnos a demoler casas.
Desde el progresismo tenemos el deber de abandonar posiciones ideológicas y asumir posiciones efectivas. Estamos viviendo una crisis en seguridad, no hay duda. Si la abordamos con un sentido de Estado, sin altisonancias que polarizan posiciones, vamos a poder conducir la crisis a la oportunidad de devolverle a Chile esos tiempos en que caminar por las calles era seguro.
—–
Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal
Claudio Castro, alcalde de Renca
Tomás Gárate, alcalde de Puerto Varas
Carlos Gatica, alcalde de Coyhaique
Gerardo Espíndola, alcalde de Arica
Jonathan Opazo, alcalde de Lampa
Deja tu comentario