Hasta 10 años podría tardar un gran proyecto de inversión en Chile en obtener todos los permisos estatales requeridos para iniciar sus actividades. No obstante, en las últimas etapas de tramitación, el criterio político podría hacer caer todo el esfuerzo y tiempo invertido. La guinda de la torta es que, aun con todos los permisos; manifestaciones, ocupaciones o tomas violentas podrían de todas formas paralizar el proyecto.
Esta realidad podría explicar en parte la caída de nuestro país en rankings internacionales, tales como el de libertad económica de Fraser Institute, donde en 10 años retrocedió del puesto 7 al 30, o bien, el índice de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de Naciones Unidas, que se dio a conocer durante estos días, en que se destaca a Brasil como la economía mejor clasificada de la región, lugar que Chile ocupó durante ocho años ininterrumpidos.
El Ministro de Hacienda, Mario Marcel, parece haber tomado conocimiento de este gran desafío que enfrenta nuestro país al mencionar que Chile, en pos de supuestos requerimientos medioambientales, sociales, de sostenibilidad o sanitarios, realmente ha creado un “bosque de regulaciones muy complejo” que dificulta la concreción de proyectos de inversión e innovación.
Lamentablemente, el reconocimiento por parte del ministro de estos problemas de la “permisología” no se condice con el actuar de otras autoridades de Gobierno. Recientemente, se dio a conocer un oficio del Ministerio del Medio Ambiente dirigido a distintas carteras ordenando detener la tramitación de concesiones sectoriales necesarias para el desarrollo de las actividades de explotación de recursos naturales con fines comerciales, en las áreas protegidas.
Es decir, esto pone en suspenso directamente la actividad pesquera, que es la segunda actividad más importante de nuestro país, en especial en las regiones del sur. Lo anterior, afecta principalmente a la pequeña, mediana y gran industria acuícola y pone en peligro directo más de 70 mil puestos de trabajo, entre servicios directos e indirectos del rubro en las regiones de los Lagos, Aysén y Magallanes.
El oficio se enmarca en la implementación de la ley 21.600 que creó el Servicio de Diversidad y Áreas Protegidas, en la cual hubo un fuerte debate sobre una indicación del Ejecutivo que buscaba prohibir las concesiones acuícolas, la cual fue finalmente rechazada. Esta comunicación de la autoridad medioambiental parece intentar lo que por vía legislativa no tuvo éxito. El oficio en cuestión, además de presentar una serie de irregularidades administrativas, resulta incomprensible en su mérito. La cartera de Medioambiente intenta, por vía administrativa, paralizar iniciativas y proyectos, fundando su decisión en una institucionalidad que aún no se encuentra operativa (Servicio de Biodiversidad), y desviando la responsabilidad de emitir ciertos informes a otros servicios que no tienen los recursos y procedimientos afinados para ello, lo que también ocurre con la función de elaborar y aprobar planes de manejo, sin los cuales las tramitaciones actualmente en curso, no pueden avanzar.
En la práctica, la actuación del Gobierno impone por vía de un oficio un requisito que la ley no contempló, dando un nuevo golpe de incertidumbre a miles de familias de las regiones del sur de nuestro país.
En efecto, el exceso de burocracia que se traduce en duplicidad de funciones, la sobreregulación de algunas materias, la desactualización de cierta normativa, junto con una cultura de la improductividad al interior de la administración, afectan no solo a las grandes inversiones, sino también a las medianas y pequeñas empresas que no tienen ni la espalda financiera ni la posibilidad de contratar un equipo de abogados para abordar las numerosas trabas estatales. Esto, progresivamente, deja al país en una gran desventaja respecto a competidores extranjeros.
En el actual debate constitucional existen algunas propuestas que evidencian una preocupación por este tema: el principio de eficiencia en la administración de los recursos públicos o el deber de coordinación son algunos ejemplos.
Sin embargo, el nivel constitucional o legal no basta para transformar al aparatoso Estado chileno de 24 ministerios, cerca de 40 subsecretarías, más de 160 servicios públicos y 345 municipalidades. Se requiere una transformación del Estado en una organización eficiente, austera y al servicio de todos los ciudadanos.
Ante un escenario de estancamiento económico e incertidumbre institucional, se requiere de un Gobierno con especial atención y compromiso con la reactivación, la búsqueda de la inversión, que no genere trabas a la innovación y que otorgue certezas a los trabajadores y familias de nuestro país.
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