Como si fuera una competición de atletismo, esta semana la Comisión de Expertos partieron la carrera constituyente de posta o relevo con la tarea de redactar, en tiempo récord, un anteproyecto de constitución que deberán entregar, en mayo de este año, a los futuros Consejeros Constitucionales para que continúen el debate. La meta es una nueva Constitución para Chile.
En esta primera etapa, es evidente el contraste del nuevo proceso con aquel de la fallida Convención Constitucional. En una sobria ceremonia y sin interrupciones al himno nacional, los expertos eligieron a la mesa directiva, distribuyeron sus miembros entre las distintas subcomisiones y, a su vez, eligieron las presidencias de dichas instancias, todo por acuerdo unánime. Sin embargo, la tarea de los denominados expertos no es para nada fácil.
No solo están contra el tiempo, sino también es necesario considerar la existencia de distintas sensibilidades ideológicas e incluso técnicas al interior del órgano que pueden poner en disputa el trabajo de las 24 personas elegidas en proporción a las principales fuerzas políticas por parte del Congreso Nacional. Cabe mencionar que, entre los principales académicos, existen distintas corrientes de pensamiento que podrían terminar posibles disputas sobre el contenido y alcances del futuro anteproyecto.
Así, por ejemplo, el rol del Estado respecto de la sociedad civil, las atribuciones del Presidente de la República, ideas parlamentaristas, el grado de autonomía de gobiernos regionales y municipales, paridad en las instituciones del Estado, la consagración del aborto, entre otros temas, podrían ser piedras de tope en esta fase.
Sin lugar a dudas, una de las subcomisiones de expertos más controvertida será la N.º 4: Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, que tendrá el difícil desafío de concretar mediante la formulación de los derechos y libertades fundamentales, el concepto de Estado Social y su posible compatibilización con el principio de Subsidiariedad. En dicha comisión existen claramente visiones contrapuestas respecto a este específico punto. Así el miembro designado por el partido comunista, Alexis Cortés, cree que en este nuevo proceso dejará atrás un Estado subsidiario que, según su visión, ha permitido que muchos derechos sociales se mercantilicen y que se profundice la desigualdad social y económica.
Por su parte, Alejandra Kraus y Flavio Quezada, si bien están a favor de la provisión mixta de los derechos por parte del Estado y la sociedad civil, no comparten del todo el principio de subsidiariedad.
Quienes entienden que el principio de Subsidiariedad no es ni inactividad estatal ni mera “cooperación público-privada” sino que se trata de una justa y debida actuación del Estado con pleno respeto a la dignidad de las personas y a su derecho-deber de contribuir a la incesante consecución del bien común, tendrán la labor de defenderla y reivindicarla en esta primera etapa de discusión constitucional.
Otra materia que genera polémica y división y que podría recaer en la citada Comisión N.º 4 es la denominada colectivización de los derechos, que se materializan en políticas identitarias. Conocida fue la arremetida de la izquierda radical en la fallida convención de ciertas ideas promueven la redefinición del concepto de igualdad o derechamente el establecimiento de privilegios en favor de grupos “históricamente excluidos”, “desaventajados”, “invisibilizados”.
Bajo esa bandera, se justificaron las diferencias por pertenecer a pueblos originarios, determinados identidades o géneros y otras circunstancias y en diversos temas tales como cupos o escaños reservados, derechos especialmente protegidos y perspectivas ideológicas que permeaban los distintos poderes del Estado, siendo los más graves aquellos que recaían en materia judicial.
No obstante, en una mirada general del proceso y dado el perfil de los expertos, sus recientes declaraciones y actos, se deja prever un trabajo mancomunado de la Comisión para alcanzar amplios consensos en las temáticas de fondo y dejar los temas más polémicos para la última etapa, y cualquier caso, para debate y deliberación de los Consejeros Constitucionales.
De esta manera, el anteproyecto puede que no acabe siendo un texto extenso con alto contenido político-ideológico, pero sí de un gran nivel técnico y, sobre todo, respetuoso con las grandes instituciones que han regido al Chile independiente, en miras al orden institucional del Chile presente y futuro, para dotarnos de una institucionalidad que brinde paz y desarrollo a las próximas generaciones.
Si bien este nuevo proceso tiene mecanismos que tienden a moderar el debate, habrá que estar muy atentos a ver cómo la presión externa puede influir en el trabajo del Comité de Expertos. Uno de los mayores peligros en el escenario político es la tónica de la campaña de los candidatos a Consejeros Constituyentes. No se puede obviar que, paralelamente al trabajo de la redacción del anteproyecto, los candidatos al Consejo Constitucional estarán desplegados en la campaña electoral en sus respectivas regiones. Dichas campañas serán objetivamente más adversas que el anterior proceso: tendrán un menor presupuesto para abarcar un mayor territorio. Adicionalmente, se debe sumar el hastío ciudadano por la polarización política, la que sin duda, hará pasar uno que otro mal rato, a los postulantes de diversas coaliciones.
Lo anterior, podría generar presiones políticas, tensionar el debate en los temas más controversiales, poniendo a la Comisión de Expertos en la palestra pública. Esta situación puede ser provocada por críticas por parte de candidatos provenientes de sectores más radicales quienes tratarán de avivar a su electorado apuntando a los artículos que vayan siendo aprobados dentro de las subcomisiones.
Por consiguiente, para una carrera exitosa, no basta con que el desempeño en este proceso simplemente se limite a superar el rendimiento de la fallida convención Constitucional. El primer tramo, necesariamente debe ser enfrentado por los expertos con el fin de que entreguen un anteproyecto de amplio consenso, que reconozca la tradición constitucional chilena, que doten de las herramientas que permitan una mejor gobernabilidad a futuro y posibilite al gobierno de turno, sin importar su color político, dar solución a las demandas de la ciudadanía.
Finalmente, esta carrera debe ser necesariamente completada con la labor de los consejeros constitucionales, quienes aportarán el acento político a la propuesta final, tan necesario en todo texto constitucional, con el objeto de representar la mayoría ciudadana que busca continuar en la senda del progreso, un Estado al servicio de las personas, que reconozca y respete la autonomía de las personas, familias y la sociedad civil para conseguir sus proyectos de vida.
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