Existen chilenos que han prestado servicios distinguidos o han realizado actos especialmente meritorios en beneficio importante del país, más allá de su deber personal. Existen también chilenos que han sido afectados por accidente o catástrofe, respecto de las cuales existan circunstancias extraordinarias que justifiquen el otorgamiento de un apoyo por parte del Estado.
Es el caso de ciertos compatriotas que han realizado destacados actos de heroísmo en momentos como terremoto o calamidades e incluso las familias de funcionarios que fallecieron durante la pandemia por prestar servicios sin descanso.
Para estos casos, nuestra legislación contempla que el presidente de la República, como atribución exclusiva, puede otorgar pensiones de gracia, ya sea por un tiempo determinado o incluso, de por vida. Sin embargo, la historia de Chile no conoce de numerosos casos de premios y reconocimiento a nuestros héroes. El “pago de Chile” es una expresión que irónicamente hacía ver esta triste realidad.
Es por esto que la ciudadanía hoy no se explica como 58 beneficiados de estas pensiones otorgadas tengan a su haber un aterrador prontuario criminal, incluida la estafa, narcotráfico, abuso sexual y almacenamiento de pornografía infantil.
¿Qué acto de servicio, accidente o catástrofe sufrieron estas personas para merecer que con plata de todos los chilenos se financie un sueldo de por vida? De la más de 250 pensiones de gracia que ha entregado el presidente Boric, la mayoría responde a personas que fueron detenidas y condenadas por delitos cometidos en el contexto del denominado estallido social o revolución fallida de octubre de 2019.
Según el contenido de los decretos, los beneficiarios fueron catalogados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) como personas que fueron afectadas en sus derechos fundamentales por agentes del Estado. No obstante, un reciente informe de fiscalización de la Contraloría General de la República confirmó lo que todos preveían. Lamentablemente, esta potestad del primer mandatario ha sido completamente mal utilizada.
Entre las principales conclusiones destacan que los decretos solo se fiaron de documentos aportados por el INDH, sin corroborar otros documentos como antecedentes penales de los beneficiados. Al parecer, 19 Carpetas del INDH venían incompletas e incluso con antecedentes contradictorios. Por último, y lo más grave, 58 beneficiarios con pensiones vitalicias tenían antecedentes penales por delitos de connotación social.
La señal política y comunicacional es realmente nefasta. Una herramienta pensada en premiar el mérito, el cumplimiento del deber, ha sido completamente torcida para premiar lo antisocial.
En un contexto en que el crimen organizado de carácter internacional han permeado nuestras fronteras y la cultura del Narco se ha tomado nuestros barrios y a seducido a miles de jóvenes, de nada sirve bajar uno o que otro exponente musical de dicha cultura, si es el propio Gobierno de Chile quien financia y reconoce con dineros públicos lo delictual, el antivalor y lo antisocial, ¿es este el nuevo “Pago de Chile”?
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