Un pacto o acuerdo es aquel compromiso que surge de la unión de voluntades en pos de un objetivo común que tiene como efecto principal el poder hacer valer responsabilidades en caso de incumplimiento. Han transcurrido cuatro años desde que la mayoría de los partidos políticos firmaron un acuerdo denominado “Por la Paz Social y la Nueva Constitución”, a 28 días del estallido de violencia de 2019. Sin embargo, sus causas, efectos y responsabilidades siguen siendo controversiales.
Los partidos políticos primeramente se obligaron a “garantizar su compromiso con el restablecimiento de la paz y el orden público en Chile y el total respeto de los derechos humanos y la institucionalidad democrática vigente”. En segundo lugar, los partidos firmantes se comprometieron a impulsar un plebiscito que resolviera si los chilenos quieren una nueva constitución y, en caso afirmativo, qué tipo de órgano lo redactaría.
Estos compromisos se firmaron en un contexto de extrema violencia en las calles, destrucción de propiedad pública y privada, con un objetivo de interrumpir el mandato presidencial vigente, es decir, en medio de un Chile convulsionado bajo el asedio de la revolución.
La primera parte del acuerdo fue totalmente desconocida e incumplida por una de las partes, principalmente a partidos y movimientos como el Frente Amplio, Partido Comunista y algunos miembros del Partido Socialista y PPD. No pasaron dos meses de su firma cuando la denominada “Primera Línea”, uno de los grupos más violentos entre las marchas y encargado de atacar a Carabineros de Chile en cada manifestación, fue invitada al Congreso Nacional para recibir un homenaje.
La Convención Constitucional, por su parte, cuyas atribuciones provenían del Congreso Nacional, se arrogó una potestad constituyente originaria, autoproclamándose soberana, cuya misión provenía, decían ellos, de la propia “protesta social” y no del régimen legal y constitucional chileno, como todo órgano de un Estado de Derecho debe hacerlo.
Los constituyentes, además, fueron incapaces de condenar la violencia política, justificándola o haciendo vista gorda en diversas ocasiones. La propia propuesta ampliamente rechazada por los chilenos no mencionaba el terrorismo, eliminaba la mención a Carabineros de Chile y excluía atribuciones estatales como el estado de excepción constitucional de emergencia por ser “la herramienta para reprimir la protesta social”.
Este incumplimiento del acuerdo no tuvo grandes costos políticos durante el funcionamiento de la Convención, sino hasta el triunfo del rechazo del 4 de septiembre de 2022, donde se rompió el mito de los partidos oficialistas de que “la calle” es sinónimo del “pueblo”.
El aumento de la sensación de inseguridad por parte de la ciudadanía golpeó directamente a aquellos políticos y autoridades de los partidos de izquierda que solo pocos meses antes estaban orgullosamente arriba del carro del “octubrismo”. La elección de consejeros constitucionales en mayo de 2023 confirmó este punto. En una votación de más de 12,8 millones de personas, el 56,5% votó por alguno de los consejeros que representaban candidaturas pro seguridad y orden público, voces de la primera parte del acuerdo incumplido.
Lamentablemente, el discurso avalando la violencia callejera no ha sido abandonado del todo, ni menos ha habido un mea culpa por parte de quienes la defendieron o justificaron.
Solo hace pocas semanas el presidente del PPD, el senador Jaime Quintana, “advirtió” que, ante el escenario de una victoria del “a favor”, una constitución más a la derecha que la actual podría provocar un nuevo estallido social. En el mismo sentido, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, aludía a tales eventos si es que no se aprobaba un nuevo pacto fiscal.
A cuatro años del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, y a un mes del plebiscito en que los chilenos deben decidir “a favor” o “en contra” de una nueva constitución marcada por dar más atribuciones al Estado en contra del terrorismo, el narcotráfico y la inseguridad, los partidos del oficialismo que rompieron una primera parte del acuerdo, no están dispuestos a redimirse y están llamando a votar en contra.
Esto nos hace concluir que un sector de la izquierda, que suele repetir que “representa al pueblo”, no hace referencia a la mayoría que claramente se expresa en las urnas, sino la minoría que se manifiesta violentamente en las calles. Lo anterior explica, entonces, por qué los partidos del oficialismo están en contra de la nueva propuesta: no tanto por los argumentos que han hecho públicos, sino porque no han abandonado la tesis del octubrismo y ven que, de ganar el “a favor”, será más difícil, a corto o mediano plazo, replantear en un nuevo proceso constituyente las ideas rechazadas en septiembre de 2022.
Deja tu comentario