Cualquier operación de corrupción requiere, para tener éxito, encontrar una vía expedita y poco controlada a fondos y recursos públicos, además de una pantalla que evite cualquier tipo de sospecha respecto a los movimientos de dinero.
Las compras que realiza el Estado de bienes y servicios parece, en principio, un gran botín para los inescrupulosos que buscan apoderarse de los recursos públicos.
Sin embargo, nuestra ley de compras públicas ha tenido relativo éxito en dificultar la corrupción por este mecanismo al elevar los estándares de transparencia, competencia y control de los procesos.
No obstante, algunos militantes de Revolución Democrática (RD) se percataron que las transferencias directas de recursos por parte del Estado a instituciones privadas, ya sean corporaciones o fundaciones, es un mecanismo que tiene, bajo ciertos montos, un débil nivel de fiscalización, una amplia discrecionalidad por parte de la autoridad en la selección de los adjudicados y poca transparencia.
Lo anterior, se suma a que las fundaciones sin fines de lucro gozan de un manto de buena fama, dada con justa razón por la gran labor que realizan en nuestra sociedad.
Luego, disfrazar las intenciones mezquinas bajo este formato es vestir de oveja al lobo, para hacerse de recursos pertenecientes a todos los chilenos.
No obstante, quedaban algunos cabos sueltos: la lupa de la Contraloría General de la República. Dicha entidad fiscalizadora tiene por resolución mandatada, por ejemplo, que todos los convenios de transferencias de fondos provenientes de ciertas regiones, Antofagasta, entre ellas, que superen las 5 mil UTM ($300 millones aproximadamente) deban ir a toma de razón, esto es, a un control efectuado por la propia Contraloría para verificar su adecuación a las normas legales.
Curiosamente, la fundación Democracia Viva, cuyos miembros están ligados a RD, registra en Antofagasta la celebración de tres convenios con la SEREMI de Vivienda: el primero, con fecha 3 de octubre de 2022, por un monto de $200 millones; la segunda del 27 de octubre del mismo año por $170 millones; y, la tercera, por $56 millones de fechas 19 de diciembre del 2022.
Es decir, durante un mismo año, dicha organización recibió un total de $426 millones de pesos del Estado, monto que de no haber sido parcializados o fragmentado en tres contratos distintos habría estado afecto al control ente fiscalizador chileno.
En el caso de la fundación Urbanismo Social, también ligada a miembros de la mencionada colectividad, en 2022 el total de dinero transferido a ella ascendió a $577 millones de pesos en tres convenios con fecha 6 de octubre por $145 millones en total, uno de fecha 11 de octubre por $50 millones, dos del 19 de diciembre por $250 millones en total y dos del 21 de diciembre por $132 millones en total, todos de 2022.
Nuevamente, los montos fueron divididos de manera que por sí solos no ameritaran el control de legalidad, pero, de no haber sido parcializados o fragmentados, habrían superado el margen para ser fiscalizados.
Para evitar en lo futuro estas situaciones, lejos de excluir a la sociedad civil y afectar a las fundaciones que realizan importantísimos aportes a nuestra sociedad, es fundamental, por una parte, que se eleven los niveles de control al mecanismo de transferencia directa de recursos públicos y, por otra, que se cursen las responsabilidades políticas, civiles, administrativas e incluso penales de aquellos que dolosamente desfalcaron al Fisco.
Desde un punto de vista jurídico, parece buena idea aplicar al mecanismo de traspaso de fondos del Estado a organizaciones sin fines de lucro, algunos principios y normas de nuestra actual institucionalidad propia de las compras públicas.
Así, la concursabilidad como regla general para la asignación de fondos públicos, dejando el trato directo realmente como un mecanismo excepcional y con altos estándares de control, es una de las alternativas más efectivas para evitar que quienes alcancen el poder, abusen del mismo.
Otra medida posible es fijar deberes al Estado de transparentar y facilitar el acceso a la información relacionada con la materia, promoviendo un mayor estándar respecto a disponer en un portal público de todos los antecedentes, fundamentos y material complementario necesario para un adecuado control.
Lo anterior no solo permite mayor fiscalización ciudadana, sino que además permitirá que otras fundaciones y agrupaciones que estimen tener mejores credenciales y experiencia para realizar una labor encomendada por algún ente estatal, puedan impugnar la decisión de la autoridad.
Considerando que el proceso constituyente está actualmente en curso, puede ser un buen momento para dar impulso a aquellas enmiendas que busquen reforzar el deber de probidad y transparencia del Estado y sus funcionarios en el anteproyecto de nueva Constitución, para que, en un futuro próximo, se implementen los cambios que hagan del Estado de Chile, una institución eficiente, austera y al servicio de las personas.
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