Pasado el plebiscito de salida de la nueva constitución vale la pena preguntarse si ya habrá pasado suficiente para lograr impulsar las reformas que Chile sí ha estado esperando.
La cantidad de elecciones asociadas a un proceso constitucional -que lleva más de 4 años- ha pausado de sobremanera la agenda política. Y es que, si bien esto sucede habitualmente de cara a las elecciones, lo sobrecargada que ha estado la agenda electoral no nos ha permitido avanzar en materias que son primordiales para progresar hacia un mejor país, menos desigual y desarrollado.
Algunas de las iniciativas legislativas cuya tramitación se ha pausado, no ha sido lo suficientemente rápida, o ni siquiera se han ingresado, son las relacionadas con pensiones, sala cuna universal, el proyecto de rentas regionales y la reforma al sistema de salud, entre otras. Todas ellas se podrían considerar como urgencias nacionales de alta preocupación, más aún considerando que, por ejemplo, el sistema de pensiones no ha logrado ser modificado en los últimos cuatro gobiernos consecutivos. El silencio del ejecutivo y la pausa en la tramitación no tenía mucha más explicación que evitar cometer errores de cara al proceso electoral recién finalizado, en una materia que según la última encuesta CEP es la tercera entre los problemas que las personas creen que el gobierno debe poner más esfuerzo por solucionar.
En este contexto, y a propósito de la discusión por el destino del 6% extra de cotización previsional, el Gobierno ha insistido en una propuesta que destina menos de la mitad de la cotización a cuentas individuales, lo que probablemente no permitirá alcanzar un acuerdo con la oposición.
Siguiendo con la sala cuna universal -una de las materias cuya discusión se ha pospuesto en varias ocasiones-, el ejecutivo declaró que ingresará un proyecto de ley en enero. A pesar de que “falta poco”, sabemos bien que su tramitación podría ser lenta y la potencial carga financiera estatal que este proyecto suponga deberá ir acompañada de una iniciativa que la logre financiar bajo la norma de responsabilidad fiscal que todos conocemos: gastos permanentes deben ser financiados con ingresos permanentes. La falta de tramitación de esta reforma conlleva seguir castigando y aplicando una carga injusta a las mujeres que quieren integrarse al mercado laboral. En efecto, un reciente informe de la Fundación Chile Mujeres muestra que la brecha de participación laboral entre hombres y mujeres en hogares con niños menores de tres años ha seguido aumentando, ubicándose en torno a los 26 puntos porcentuales. Además, la prevalencia de subempleo femenino en estos hogares es más que evidente.
La salud es otro de los temas en que se está legislando, ahora de emergencia, tras los fallos de la Corte Suprema que han puesto en peligro la continuidad del sistema de salud privado como lo conocemos hasta ahora. La falta de supervigilancia de parte del Estado a las isapres derivó en ajustes de precios, adecuación de tabla de factores y precios del GES fuera del marco de la ley, lo que llevó a que el tribunal supremo tuviera que emitir sentencias para que se revirtieran estas acciones unilaterales. Así, se ha puesto urgencia en la tramitación de la ley corta de isapres contra la que las aseguradoras se han pronunciado en varias ocasiones, sugiriendo que las pérdidas que estas significarían no permitirán que el sistema subsista. De ser cierto ese diagnóstico, la terquedad conllevará a una crisis sin precedentes que tensionará también a un sistema de salud público incapaz de absorber la demanda. En esta negociación sería conveniente tomar en cuenta uno de los aspectos que proponía la rechazada propuesta constitucional en torno a un plan de salud universal que podría subsanar parcialmente las irregularidades y fomentar la competencia en el sistema actual.
El proyecto de ley de rentas regionales es otra iniciativa que sigue pausada, y desde hace más de 2 meses solo se han hecho presentes medidas de urgencia simple y suma, pero sin avanzar. Lo acontecido con las detenciones de Andrade y Contreras a raíz del escándalo que involucra a Democracia Viva, junto a nuevos eventos relacionados en general al Caso Convenios, sin duda han impuesto obstáculos a la tramitación de este proyecto. La acusación constitucional en contra del ministro Montes probablemente atraerá el foco de atención por un buen tiempo y tensionará el ambiente político, impidiendo un clima de amistad cívica que incentive los acuerdos.
En este contexto, quizás valdría la pena rescatar algunas propuestas que fueron aprobadas transversalmente en el último proceso constitucional fallido para dar señales y generar un escenario más favorable para avanzar en materia de descentralización, como la profesionalización y tecnicismo del empleo público, con un sistema de elección pública que deje un menor espacio para el nepotismo y la asignación de cargos a personas que pudieran tener conflictos de intereses.
Querámoslo o no, el 2024 volverá a estar marcado por la agenda electoral. Esto, invariablemente, tentará a los partidos políticos a pausar la agenda y omitir algunas vocerías para no cometer errores, priorizando la acción estratégica de cara a las elecciones territoriales. Sin embargo, el país sigue avanzando y las urgencias de los chilenos no se detienen en medio de la disputa electoral.
A raíz de lo anterior, sería aconsejable que nuestras autoridades tomen nota del fracaso constitucional y comprendan que detrás del rechazo ciudadano hay un hastío en contra de un sistema político incapaz de avanzar y lograr acuerdos en los asuntos más urgentes. Ahora sí que sí. Ya no hay excusa constitucional que valga y llegó la hora de que la clase política haga el esfuerzo de lograr acuerdos. Si no es pronto, la contingencia electoral amenazará con un nuevo año perdido, lo que podría aumentar el desencanto ciudadano en contra del sistema político en su conjunto, generando el caldo de cultivo para el surgimiento de liderazgos populistas que podrían llevarnos directo al despeñadero.
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