Más allá que estemos de acuerdo con ellas, tres fueron las promesas fundamentales con las que el Frente Amplio llegó al gobierno: lograr grandes transformaciones sociales, desterrar las malas prácticas de la política e impedir que José Antonio Kast llegue a La Moneda. Tres enemigos había por vencer: las reformas “en la medida de lo posible”; la corrupta “vieja política”; y la agenda “ultraconservadora” que representaría el candidato republicano.
A poco más de un año de gobierno, se puede constatar un amplio fracaso en estas tres dimensiones, estando hoy ante un gobierno “de mera administración” afectado por escándalos de corrupción y con Kast en la pole position presidencial.
En primer lugar, las grandes transformaciones brillan por su ausencia. El gobierno ha sido incapaz de empujar reformas que, de un modo sustantivo, cambien la realidad de las cosas. Además de sufrir una economía que no repunta y una crisis de inseguridad y crimen organizado, los chilenos han visto que en aspectos centrales para su calidad de vida –como pensiones, educación o salud- las “grandes transformaciones” están solo en los discursos del presidente.
Los primeros meses de gobierno se impuso la “doctrina Jackson”: parálisis legislativa mientras no se aprobara la Constitución de la Convención. Antes de ser gobierno el senador Latorre ya había hecho una infame expresión de esta estrategia cuando rechazó el proyecto de ley de integración social y urbana que beneficiaba a 27.000 familias porque el debate debía darse “en el proceso Constituyente o en un próximo gobierno transformador”. Las familias sin casa debían esperar su revolución, que era la de Loncón, Bassa y Stingo. Esto resulta doblemente infame a la luz del caso “Democracia Viva”, donde todo indica que insignes militantes del partido que preside Latorre desviaban a sus bolsillos recursos públicos, destinados a paliar la crisis de vivienda, para hacer proselitismo y/o enriqueserse indebidamente.
Jackson, ya en el gobierno, repetía el mantra: “Hay cosas de nuestro programa que no se podrían ejecutar con la Constitución actual”. Más allá de lo tramposo que resulta supeditar las promesas de campaña a un hecho futuro e incierto que no depende de él, lo cierto es que el oficialismo pudo plantear en 388 artículos su proyecto de “grandes transformaciones” para el país en la propuesta de la Convención. En buena hora, el pueblo de Chile las rechazó categóricamente, cuestión de la cual el gobierno aún no acusa recibo. “No puedes ir más rápido que tu pueblo” afirmó el presidente, pretendiendo que el problema es de velocidad y no de rumbo. Mantener ese voluntarismo o error de diagnóstico puede explicar, en parte, la deriva de la actual administración.
Pero más allá que el pueblo haya rechazado las grandes transformaciones prometidas por el oficialismo y el gobierno pareciera no querer convencerse aún de aquello, el Ejecutivo se ha mostrado especialmente negligente en el arte de administrar –como con las camas críticas en hospitales- y muy incapaz en al arte de gobernar –como con el rechazo a la reforma tributaria- lo que representa un obstáculo para lograr mejoras en la calidad de vida de las personas. El fracaso frenteamplista pone en valor tanto los cambios “en la medida de lo posible” como la administración cotidiana de los asuntos públicos.
En segundo lugar, tenemos la promesa incumplida de traer con ellos una renovación que iba a desterrar las malas prácticas de los últimos 30 años, en especial la de políticos que entre cuatro paredes trabajan por el beneficio propio.
A nadie puede sorprender que la generación que llegó a La Moneda pose de impoluta y ejerza de catón. El Frente Amplio, tanto en su germen universitario como en su desarrollo parlamentario, se ha caracterizado por moralizar el debate y creerse superiores. Están los buenos (“ellos” que, con intereses benignos, promueven reformas para lograr “justicia social) y los malos (“los otros” que, movidos por intereses espurios, están condenados a defender un orden social destinado al fracaso).
Esa concepción infantil –pues los años van enseñando que la bondad o maldad no son patrimonio de un sector político- fue ratificada, con desfachatez y en público, por el Ministro Jackson siendo gobierno: “Nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del gobierno anterior, sino que frente a una generación que nos antecedió”. Es decir, y para colmo de males, la superioridad moral no solo es respecto del adversario político, sino que lo es respecto de los que tienen más años. Es su generación –la de Boric y Vallejo- la que es superior a las anteriores.
Lo más grave del caso “Democracia Viva” es que, siendo una noticia en desarrollo, es dable suponer que más que un caso puntual de corrupción estamos frente a un mecanismo repetido en otras regiones, a un modo de operar, a una maquinación fraudulenta destinada a desviar fondos públicos para que militantes del partido de Jackson se enriquezcan o hagan proselitismo. Un militante –seremi u otro funcionario- le traspasa de modo directo cientos de millones de pesos –fraccionados de modo tal de evitar controles y entregado en su totalidad de manera anticipada- a una Fundación, presidida por otro militante y que es conocida por haber hecho campaña o por Boric o por el apruebo, cuyo giro nada tiene que ver con el servicio requerido y que tiene contratados a otros militantes que en paralelo fungen de “controladores” en el Ministerio. En el caso de “Democracia Viva”, en lo que ya se sabe, este mecanismo resulta especialmente patético: es un exasesor de la diputada Catalina Pérez, como Seremi, quien entrega los fondos al entonces pololo de la parlamentaria, como presidente de “Democracia Viva”, para realizar acciones en el lugar que ella representa como congresista. Todos de Revolución Democrática.
El eventual carácter de estructura o maquinación hace que las consecuencias deban ser gravísimas, hace necesario encontrar al autor del mecanismo y nos permite suponer que queda muchísimo por descubrir. Más allá de la arista penal -donde todo indica que estamos frente a delitos como malversación de caudales públicos, cohecho o negociación incompatible– las consecuencias políticas han sido insuficientes en el que, probablemente, sea un caso asimilable al MOP-Gate o a Caval. ¿Es aceptable que el Ministro Montes no supiera lo que se urdía bajo sus narices? ¿Alguien cree que el Ministro Jackson, amo y señor de RD, no tenía idea? ¿Cuánto le durará el crédito por su íntima amistad con el presidente? ¿Cuándo se referirá a este escándalo político la Ministra Tohá, jefa de gabinete? ¿Cuánto más durará en el cargo la delegada presidencial del Bíobío y todos a quienes, como a ella, Andrade emitió boletas aparentemente ideológicamente falsas para abultar fraudulentamente la devolución del Servel?
Es tan burdo el mecanismo y evidente las irregularidades que, junto con representar un desfonde de la legitimidad moral del gobierno, puede significar un lastre para la generación que este representa más allá de estos cuatro años en La Moneda. ¿Qué título les queda para gobernar?
Y la tercera promesa, que Republicanos no llegara al poder, ya se comenzó a incumplir. Hoy el partido de Kast, gracias a su trabajo y consistencia y a las negligencias del oficialismo, tiene el control del Consejo Constitucional y él lidera las encuestas presidenciales.
A un año y pocos meses de gobierno, este representa un amplio fracaso en sus promesas fundamentales de transformaciones, nueva política y evitar a Kast. Para navegar en los casi tres años que le quedan, el presidente debe cambiar el rumbo, sus tripulantes, la disposición para hablar con la mayoría y confiar en que un viento de cola –en republicana forma de nueva Constitución- le permita llegar con dignidad a puerto.
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