Una de las innovaciones que incluyó la Constitución de 1980 fue la creación del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), organismo de carácter asesor y que se enmarca dentro de la doctrina de seguridad nacional promovida desde los años setenta por parte de Estados Unidos en América Latina.
La primera estructura del Cosena permitía que dos o más miembros convocaran dicha instancia con el fin de “hacer presente, al presidente de la República, al Congreso Nacional o al Tribunal Constitucional, su opinión frente a algún hecho, acto o materia que, a su juicio, atente gravemente en contra las bases de la institucionalidad o pueda comprometer la seguridad nacional”.
De esta manera, en sus inicios, el Cosena no estaba subyugado al mandato presidencial y era uno de los símbolos del tutelaje de las Fuerzas Armadas por sobre el poder civil y democrático. Con la modernización constitucional introducida por las reformas de Ricardo Lagos en el 2005, el órgano pasó a la directa determinación del presidente, solo él lo puede convocar y reitera su carácter de asesor, es decir, no se toman decisiones estrictamente vinculantes en torno a la seguridad nacional.
Desde dicha reforma, a la fecha, se ha convocado en cuatro ocasiones: una por parte del expresidente Ricardo Lagos, dos durante el mandato del exmandatario Sebastián Piñera -antes del fallo de la Haya por el diferendo marítimo con Perú y en medio de la crisis social de octubre de 2019-.
La última ocasión fue este lunes recién pasado. Convocado por el presidente Gabriel Boric en medio de una batahola nacional que pareciera no amainar, y cuyos hechos están unidos por una sola hebra: la grave crisis de seguridad interna.
La mayoría de los críticos de esta instancia cuestionan que se convoque para temas de orden público, y advierten que el Consejo solo debiera remitirse a temas de seguridad en cuanto al control de la soberanía. Además, repiten con insistencia que es un “resabio autoritario” y un “amarre dictatorial” del régimen militar.
Esta última idea no tiene asidero político, ya que uno de los fines de la modernización democrática de las reformas de Ricardo Lagos fue poner fin al tutelaje de las Fuerzas Armadas por sobre la institucionalidad republicana. De esta manera, el Cosena se constituye como una institución que viene a reforzar la institucionalidad misma, a dotar al Estado de una unidad tan necesaria en momentos de suma complejidad.
Por otro lado, su convocatoria por temas de seguridad interna también es de suma relevancia. Desde la reunión del Cosena del pasado lunes puede y debe emanar una revitalizada fortaleza institucional con acciones de carácter estatal.
En primera instancia, medidas de shock inmediato como la protección de infraestructura crítica, un aspecto que se viene discutiendo desde la crisis de 2019 y que tiene importante eco en legislaturas como la española, estadounidense o alemana, en donde los cuerpos militares custodian áreas imprescindibles para la comunidad nacional como plantas de agua potable, de energía eléctrica, industrias, entre otras.
Además, la historia nacional nos enseña que las Fuerzas Armadas han cumplido un rol trascendental en horas de borrasca, lo cual va directamente de la mano con el amplio apoyo ciudadano que siempre han concitado.
Junto con ello, deben surgir medidas sostenibles en el largo plazo, como la consolidación de la inteligencia policial que permita destrabar agrupaciones de gran poder logístico y de fuego, que tanto flagelo han causado en nuestro país en el último tiempo, además del gran trauma que han causado en la población.
La primera labor del Estado es la protección de sus ciudadanos, y la grave conmoción interna que vive el país impide seguir construyendo cualquier cohesión social. De esta manera, el principal peligro actual no es el surgimiento de un “líder populista” como advierten algunos casi como mantra, sino la disolución de nuestros acuerdos sociales básicos. Estamos en un punto de no retorno, esperemos que el Estado responda con la robustez que lo caracteriza.
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