Por Jorge Jaraquemada

Probidad y transparencia tienen una trascendental importancia en el afianzamiento de una democracia asentada en instituciones que generen confianza ciudadana. La adopción jurídica de estos principios ha sido un proceso no exento de embates, que ha abarcado las últimas tres décadas hasta instalar un sistema de integridad y ética pública.

Se inició en nuestro país con enorme retraso respecto de la experiencia comparada. Oleadas de escándalos de corrupción pública fueron abriendo sucesivas ventanas de oportunidad para que se propusieran cambios regulatorios significativos. Hasta que la reforma constitucional de 2005 consagró los principios de probidad y de transparencia, y sentó las bases para la adopción de una serie de normas legales. Entre ellas —tal vez la de mayor impacto— la Ley de Transparencia de 2008.

En los años siguientes, nuevos escándalos de corrupción en organismos públicos, a los que se sumaron casos de colusión de empresas y el financiamiento irregular de la política, propiciaron la aprobación de regulaciones complementarias, donde destacan aquellas sobre lobby, responsabilidad penal de las personas jurídicas, prevención de conflictos de intereses, transparencia electoral y libre competencia.

Podría afirmarse que actualmente tenemos un sistema legal de integridad pública más bien robusto. Sin embargo, los casos de corrupción públicos y privados siguen acumulándose.

Muy recientemente la opinión pública quedó pasmada al conocer los detalles del Caso Convenios. Un enjambre de organismos estatales que asignaron por transferencia directa enormes recursos fiscales a distintas fundaciones, la mayoría ligadas al partido Revolución Democrática, que simplemente no hicieron las tareas delegadas. Por su extensión y volumen ha sido uno de los casos más graves de fraude al fisco y tráfico de influencias.

A este se suman el Caso Audios, que ha denigrado la profesión de abogado, y las reuniones reservadas entre ministros y empresarios en abierta infracción a la Ley del Lobby. Como si todo esto fuera poco, exmandos del Ejército, Carabineros y la PDI se han visto involucrados en casos de corrupción.

Siempre será posible avanzar en la adecuación y perfeccionamiento de la regulación pertinente, pero mucho tiene que ver también la disposición de las personas para respetar las reglas. Se requiere un sustrato previo, una fibra moral que trascienda la mera dimensión regulatoria para arraigar una cultura de transparencia y probidad en la ciudadanía, y especialmente en el servicio público, porque detrás de las acciones que vulneran las leyes hay voluntades que conscientemente traspasan los límites.

La generación que nos gobierna —a pesar de su autoproclamada superioridad moral— dio un claro ejemplo de carecer de esa fibra el 2019 al propiciar “saltarse los torniquetes” del Metro. ¿Qué fue eso sino una flagrante evasión del pago de un servicio público? Pero aprovecharse de un cargo para defraudar recursos fiscales o de la posición que se ocupa para influir en decisiones, o confabularse con el competidor para repartirse el mercado, es solo parte del problema.

Hay también una suerte de degradación moral que nos afecta como sociedad —que tal vez no tenga reproche jurídico— y que se manifiesta en la falta de austeridad en el ejercicio de las funciones y en el afán de lucir el boato propio del poder. Por ejemplo, autoridades que ostentan renovando sus flotas fiscales por vehículos de lujo y otras que residen en casas institucionales por las cuales se paga un arriendo, de costo fiscal, que no podrían solventar si lo pagaran con sus propios ingresos.

El país, sus élites e instituciones públicas y privadas están a tiempo de inyectar cambios concretos en el Estado y la sociedad civil. Este acre escenario debiera impulsar la búsqueda de líderes que posean el carácter y las virtudes que los tiempos y la ciudadanía demandan.

Hay que recomponer el tejido social y reposicionar valores que puedan enseñar —mediante el ejemplo— a seguir el camino de la honestidad y la austeridad en las distintas organizaciones humanas, cuyo objetivo siempre es servir a las personas.

En este contexto, una vez más, Jaime Guzmán ofrece respuestas que vale la pena revisitar a 33 años de su vil asesinato. Él señalaba con claridad que “toda forma de organizar la convivencia social responde al deseo de que ésta se rija por ciertos valores”. Es decir, una Constitución y su institucionalidad jurídica no se bastan a sí mismas, sino que “requieren además de hábitos políticos sanos y de personas que los encarnen con auténtico espíritu de servicio público” (Revista Chilena de Derecho, volumen 6, 1979).

La probidad y la transparencia, así como la honestidad y la austeridad, necesitan vocaciones dispuestas a servir bajo estos principios en las diferentes esferas sociales y políticas. Esta tarea no debe reposar únicamente en las instituciones públicas.

Hoy por hoy es fundamental que la sociedad civil se eduque en estos valores y se involucre con su promoción. La generación que nos gobierna no lo hará, por mucho que lo declaren. Ellos normalizaron la evasión, las tomas, los sacrilegios a la Constitución e incluso la violencia, como ocurrió desde el 18-O, socavando nuestro estado de derecho y dañando nuestra convivencia.

La convocatoria es a las instituciones intermedias —como partidos políticos, colegios, universidades, medios de comunicación, sindicatos, etcétera— para que se involucren en esta labor. Gobernar y legislar con las mejores personas implica previa y necesariamente contar con ellas. En palabras de Jaime: “La grandeza de un país está dada por la calidad moral de sus integrantes”.

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