Una de las paradojas del debate constitucional, que está más que expuesta en los distintos estudios de opinión pública, se refiere a la clara brecha entre lo que desea la ciudadanía y su opción política concreta. Es decir, por un lado vemos que es altamente probable que nuevamente se rechace una propuesta de reemplazo constitucional al mismo tiempo que hay una alta adhesión a una serie de normas que se encuentran incorporadas en el texto, entre ellas, las que consagran y refuerzan la libertad de elección en distintos ámbitos.
El valor que atribuye una mayoría importante de los chilenos a la posibilidad de elegir la educación que reciben, las prestaciones y servicios de salud para sus tratamientos, la previsión que los asegura, etc. es bastante mayor de lo que las élites políticas estiman. Eso se nota en todo el espectro, ya sea del lado de quienes consideran que esas libertades son peligrosas como aquellos que están dispuestos a cederlas con tal de obtener un “gran acuerdo” que salve milagrosamente el proceso constitucional. Tanto el liberalismo de los acuerdos como los socialismos tienen una enorme distancia con la ciudadanía en la relevancia política de estas garantías fundamentales y su urgente resguardo.
Esto no se trata de defender un conjunto vacío de las “ideas de la libertad”, sino que precisamente reivindicar aquellas garantías que dentro del orden social son expresión de esa facultad humana por la cual se puede optar entre distintos fines y adoptar los medios para su persecución. Si realmente consideramos a las personas como seres dotados de razón y cierta indeterminación para dirigirse a bienes -finitos-, es imposible no hacer valer en las relaciones interpersonales y en la comunidad política el ejercicio de esa libertad en las distintas esferas donde los hombres y mujeres lo merecen. Por supuesto que las libertades tienen límites y que hay áreas de la vida donde no todo puede depender de la autonomía de la voluntad, pero si los poderes públicos las restringen allí donde son vitales para el florecimiento humano, el perjuicio es gigantesco.
En el caso de los socialismos, la posición es conocida. La persona y las asociaciones no existen con capacidad de agencia propia. Si acaso se les concede un espacio de autodeterminación no es más que por una gracia del Estado y para que obren a nombre de la “voluntad general”. Los socialismos desconocen la naturaleza de la persona humana y de la sociedad, alterando radicalmente los principios de justicia. El ser humano no es más que una pieza dentro de una máquina esencialmente superior y sin la cual no es posible concebir la existencia de una persona. Esto es lo que Juan Pablo II denominaba la anulación de la subjetividad del individuo y de la sociedad.
El caso del liberalismo es más complicado. Es claro que existen grandes pensadores y políticos liberales de las más distintas escuelas que realizaron aportes significativos a la promoción de sociedades más libres y más justas. Y muchas instituciones que han sido efectivas a la hora de ampliar las libertades cotidianas se deben a esos pensadores y políticos, a pesar de los múltiples reparos que se pueden formular a su fundamentación y consecuencias negativas. Pero no es extraño encontrar liberalismos y liberales que recurriendo a los mismos fundamentos antropológicos y morales que los anteriores llegan a consecuencias radicalmente diferentes y que difícilmente son un aporte para el cuidado y expansión de las libertades fundamentales de las personas, las familias y los cuerpos intermedios.
Esto se nota especialmente en el debate sobre la objeción de conciencia personal e institucional. Fuera de los posibles reparos técnicos o de etiqueta, es evidente que en el marco de la libertad de las conciencias -y de asociación-, las agrupaciones tienen derecho a obrar según su ideario institucional y la ley no puede imponer obligaciones que inducen a cumplir un imposible o que terminar por forzar a que desaparezcan como tal. Sin embargo no fueron pocos los grupos liberales -con representación en el Consejo incluso- que se manifestaron en contra de este poderoso resguardo que ya está reconocido implícitamente en el texto constitucional vigente.
Sorprendentemente, no es primera vez que la historia de Chile es testigo de distintos políticos y programas de clara inspiración en el liberalismo que entre sus principales puntos de acción han excluido ciertas libertades por motivos de distinto orden. Un ejemplo de esto es la oposición de los liberales del siglo XIX a la libertad de enseñanza. En ese entonces el gran dirigente conservador Abdón Cifuentes batalló en distintas instancias para hacer valer en distintos aspectos del sistema educativo la libertad: currículo, examinación, organización de proyectos, etc. Y en cada etapa se enfrentó al vehemente rechazo liberal. Ante ello él decía: “Así entre vosotros, señores liberales, todo es liberalismo y libertad, excepto la libertad misma”.
Al final, estos liberalismos se encuentran con los distintos socialismos y generan un proyecto y programa político destinado a fortalecer, expandir y atrofiar el poder político y ahogar las fuerzas vivas de la sociedad. Cuando la ideología aspira a crear un hombre nuevo, ilustrado y una sociedad adecuada a esos estándares, la libertad que vale es solo aquella que generosamente regala el poder para aquellos aspectos de menor relevancia y sujetos a una estricta vigilancia. Pues al final son los planificadores centrales los que están más preparados para elegir por el hombre común, lo que Hayek denominó acertadamente fatal arrogancia. Fatal porque conduce directamente al fracaso de las naciones, pues anula la pieza angular de la vida social: la persona humana.
La posibilidad de asociarse y darle forma a esa agrupación, con una finalidad y un ideario es nuclear en cualquier sociedad donde se respeta la agencia de las personas y se confía en su capacidad para perseguir sus objetivos legítimos. Eso por supuesto que viene vinculado a la capacidad de elegir con quiénes unir fuerzas en las distintas actividades humanas: la educación, salud, seguridad social, trabajo, etc. De ese modo es claro que una comunidad política valora la libertad humana y sus múltiples aplicaciones tiene un potencial de desarrollo social, económico y cultural muy superior al de aquellas que descansan el despliegue de la subjetividad social en una nueva agencia gubernamental, cuestión que ya vimos que no solo es atractiva para los socialismos. Pero lo más importante: cuidar esas libertades es respetar al ser humano tal y cómo es, respetando un principio de justicia que no es más que tratar a las personas como personas.
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