Después de dos meses, el Gobierno presentó su Plan de Reconstrucción para Viña del Mar. Si bien este busca ser integral y abordar diversas dimensiones, deja más dudas que certezas debido a su falta de precisión y articulación entre medidas, así como también por la lentitud de la respuesta a la fecha, algo que destacan autoridades locales. Y es que resulta difícil que este logre su cometido si no tiene una hoja de ruta clara ni incorpora adecuadamente a diversos actores que son claves.
El catastro determinó a más de 22 mil familias afectadas, 135 vidas perdidas y sobre 8 mil viviendas dañadas, las que se reparten en 17 sectores distribuidos en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. El plan deviene en 166 medidas, donde destacan diversos barrios y dimensiones: soluciones habitacionales, infraestructura urbana, generación de condiciones de adaptabilidad y la recuperación de la economía, por mencionar algunas.
Para ello, la propuesta establece un horizonte de intervención de dos años para el primer set de viviendas y de cinco en general, pues se incluyen acciones como la reposición de la flora quemada y la construcción de parques y zonas de transición en la interfaz urbano-forestal.
A pesar de lo comprehensivo que pueda parecer un documento así de extenso, la falta de definición de actividades críticas, la incorporación de medidas que se aplican regularmente y la articulación poco clara con otros grupos de interés pueden conllevar a que las metas establecidas sean difíciles de cumplir. A más de dos meses de la tragedia, y luego de un catastro y la creación de un Comité de Ministros, era esperable una concatenación más fuerte entre estos y el plan.
En concreto, la falta de una hoja de ruta que defina las medidas que no pueden retrasar los objetivos del plan –conocido como ruta crítica– puede diluir su efectividad. A pesar de tener un detalle granulado de cada barrio, las medidas no solo no se vinculan entre ellas, sino que también incluyen una cantidad no despreciables de acciones genéricas que no son propias de un plan de estas características, como la número 124, que propone realizar mecánica de suelos y topografías en proyectos –que es parte del estándar constructivo en el país-.
Junto a lo anterior, hay otras acciones que se contraponen, sin saberse cuál debe ser priorizada. Ineludiblemente, un listado así de largo conlleva a la inconsistencia debido a la paradoja de construir rápido versus planificar el largo plazo y mitigar los impactos del fuego. Para ilustrar, por un lado, se define planificar áreas de riesgo, pero, por el otro lado, se dispone a radicar campamentos afectados como lo son Manuel Bustos y Sinaí –los que probablemente no deberían mantener su trazado original si se genera un plan urbano-. ¿Cómo se dará respuesta a ello? El plan no lo describe, ni enlaza acciones claramente relacionadas.
Tal y como menciona el documento, la gestión de desastres requiere de mitigaciones y una adecuada preparación para que estos fenómenos estén lo más controlados posible. Sin embargo, ello será difícil si no abordamos el elefante blanco en la habitación: la gestión de tomas.
Si los factores basales de riesgo no cambian, como los campamentos, entonces la reconstrucción no dará solución a parte de las causas que exacerban la expansión del fuego. Esto cobra relevancia si consideramos que diversos campamentos ya comenzaron a reconstruirse por cuenta propia. Por otro lado, incluso si se radican, nada asegura que no vendrán nuevas familias a tomarse el terreno o que incluso algunas vuelvan, tal y como sucedió en Valparaíso después de los últimos incendios.
Junto a las inconsistencias derivadas de no planificar adecuadamente, la tarea de recuperar las viviendas perdidas se centra solo en la labor del Estado. Esto parece ser contraproductivo si pensamos que este no construye.
Además, y en palabras del gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca y la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, la gestión ha sido lenta y no reconoce que son los privados los que finalmente producen soluciones, quienes pueden encontrar poco atractivo el plan si es que no es rentable de construir -algo esperable dado el incremento de sobrecostos y la eliminación de exenciones tributarias que impactan al desarrollo de viviendas sociales-.
A pesar de que algunas medidas destacan licitar construcciones por cuadras – lo cual puede ser útil en barrios consolidados como El Olivar – y/o a fomentar el desarrollo de nuevos proyectos, hay poca articulación con la industria.
En concreto, el documento no menciona negociaciones directas con gremios ni empresas relevantes del sector. Por ejemplo, el Estado podría negociar con la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales (ADVS) y sus socios para adquirir viviendas nuevas y así catalizar la reposición del stock, una medida que va en línea con querer comprar viviendas en Santiago para tratar de aliviar el déficit habitacional en la capital. Similarmente, las licitaciones podrían ser negociadas para generar economías de escala que ayuden a disminuir costos y plazos.
Junto a lo anterior, algo preocupante y que deja de manifiesto la desconexión con la industria inmobiliaria, es que este confía en gran medida en el DS-49, una política destinada a familias vulnerables cuyo subsidio es inferior a las mil unidades de fomento.
Cabe destacar que el programa es cada vez menos factible producto de la eliminación del Crédito Especial a las Empresas Constructoras (CEEC), el cual permitía a las empresas recuperar hasta el 65% del IVA en un contrato de construcción. Si bien la medida parece beneficiar a las empresas solamente, esta se capitaliza en el costo de construcción, por lo que su eliminación se traduce en un mayor costo y, por ende, en poder construir menos o con menor calidad.
Adicionalmente, este beneficio también permite hacer frente a los sobrecostos que sufren las empresas del rubro, una situación que se ha exacerbado en el último tiempo. Entonces, las palabras del gobernador regional y la alcaldesa de Quilpué parecen ser adecuadas si pocas empresas están disponibles a trabajar con esta modalidad, explicando lo difícil dar cabida a la demanda y los plazos estipulados.
En síntesis, el plan es bien intencionado y busca tener una amplia cobertura. No obstante, también evidencia el déficit de gestión de la autoridad nacional, puesto que no se dimensionan aspectos prácticos de su ejecución, lo que podría devenir en respuesta tardías y en incumplimiento.
En línea con lo anterior, llama profundamente la atención que la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, nos invite en el prólogo a reflexionar que el mayor aprendizaje sea que “un Estado coordinado permite avanzar mejor”, siendo que los incendios en la interfaz urbano-forestal son comunes y no hemos avanzado realmente en la materia.
Más aún, es cuestionable la coordinación efectiva del Estado si pensamos en la ola de críticas por parte de las autoridades locales al Gobierno central, dejando en entrevelo la falta de comunicación entre estos.
De un Gobierno con más de dos años deberíamos esperar agilidad y resultados, no que aprendan de todo siniestro. El mayor aprendizaje como país será cuando los incendios no nos afecten como ahora y cuando estemos realmente preparados para actuar rápido frente a ellos, cosa que claramente no cambiará si no planificamos nuestras ciudades y solo nos dedicamos a enumerar medidas.
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