La situación en Viña del Mar y las otras comunas afectadas por el incendio es devastadora. Junto con las pérdidas humanas y el extenso número de viviendas destruidas, el desastre también ha dejado en evidencia falencias en nuestro ordenamiento territorial, la gestión de desastres y la gobernanza de estas situaciones. En este contexto, la necesidad imperiosa de restaurar el parque habitacional, sumada a debates ideológicos carentes de sustento empírico, nos colocan en riesgo de no abordar adecuadamente diversos asuntos estructurales asociados a los incendios.
Pensar que la prioridad está en la urgencia de recuperar los miles de inmuebles calcinados no resiste mayor debate. Sí cabe destacar que urge catastrar con exactitud la cifra total, pues ello ayudará a una mejor estimación del costo total de reconstrucción. Además, también permitirá focalizar recursos pues, como muestran diversas imágenes, no todos los barrios dentro del polígono de fuego sufrieron los mismos impactos. Junto a lo anterior, la distinción entre viviendas unifamiliares, en copropiedad y campamentos también es necesaria, pues las estrategias de recuperación dependerán de la tipología constructiva y la formalidad de cada inmueble.
Lo anterior no es trivial, pues si se estiman entre 8 y 15 mil viviendas siniestradas, entonces nos estamos refiriendo a 5% o 10% del stock de la comuna, cifra que, junto a la recuperación de equipamiento y caminos, incluso puede llegar a los mil millones de dólares. Para ilustrar su magnitud, ello se asemeja a cerca de 5 veces el total de los subsidios entregados en toda la región durante 2023. En cifras locales, esto equivale a casi diez veces el presupuesto anual del FNDR en la región o a construir la misma cantidad de hospitales Fricke –un esfuerzo que tomó años en materializarse–.
Una idea popular que reflota después de cada incendio de gran escala es la de prohibir cambios de uso de suelo y el otorgamiento de permisos de edificación en sitios siniestrados para “disminuir la especulación inmobiliaria”. Además de que la idea es falaz y carece de evidencia, cabe destacar que su implementación no ha sido exitosa en otras latitudes, pues ello no ataca ninguna de las causas basales de los incendios ni a la propagación de estos, que son el factor multiplicador de daños. Un ejemplo es el caso de España, donde la Ley de Montes no disminuyó el promedio anual de hectáreas quemadas, fallando en su objetivo.
Otra propuesta fuertemente discutida es la reconstrucción en “zonas seguras”. Si bien lo anterior suena bien en abstracto, ello no quita la ineludible realidad de que un gran porcentaje de la periferia viñamarina ya está expuesta al riesgo, lo que se suma a campamentos emplazados directamente en zonas donde la vida humana corre peligro. El último caso requiere de especial atención pues, como nos ha mostrado la experiencia de tragedias anteriores, los asentamientos informales fuera del radio urbano son los primeros en reconstruirse. Incluso si se lograse reubicar a las familias afectadas, es probable que nuevos habitantes ocupen estos terrenos. Más aún, si se aprueba el proyecto de ley referido, es probable que éste entorpezca cualquier esfuerzo de reconstrucción y/o radicación de campamentos, pues todo proyecto requiere de un Permiso de Obra Nueva.
A pesar de que la última discusión es muy relevante, no podemos ignorar los impactos estructurales del fuego, algo que cobra aún mayor relevancia en un contexto de cambio climático. Para ello, requerimos de otras acciones que velen por la seguridad de la ciudad a largo plazo. Dentro de lo anterior, requerimos revisar nuestra planificación urbana y la forma en que desarrollamos proyectos en la zona, así como también la gestión de desastres y la gobernanza urbana en el área metropolitana.
Por un lado, si queremos construir más viviendas, urge revisar la regulación en la conurbación y cómo gestionamos su uso de suelo. Como destacamos en un estudio de Fundación P!ensa, la baja densidad en Quilpué bloquea la construcción de viviendas sociales en una comuna que tiene todas las condiciones para desarrollarlas. Similarmente, la idea del ministro de utilizar el terreno de Las Salinas se contrapone a la idea de que el suelo no es apto para su desarrollo por la presencia de hidrocarburos, lo cual no cambiará por tener un “campamento transitorio”.
Por otro lado, y siendo ineludible la construcción en cerros, la planificación y exigencias a proyectos debería incluir elementos como muros cortafuegos y estanques. En la misma línea, la definición de búferes de incidencia para la exigencia de medidas de mitigación también resulta relevante, ya que si solo definimos áreas de riesgo, la probabilidad de que el fuego se expanda por sobre esta es alta. Por ello, la relación de los desarrollos con la ciudad a través de calles bien planificadas y que permitan la circulación de bomberos, también es una tarea pendiente que requiere de mejorar nuestro modelo de planificación y gobernanza local entre autoridades y diversas instituciones -algo que apremia si no tenemos un plan de evacuación municipal vigente-.
Finalmente, la creación de un área metropolitana puede ser útil para enfrentar este problema, ya que esta viene aparajeda de un comité consultivo conformado por los alcaldes y el gobernador regional, quienes deben sesionar al menos dos veces al año, lo que se suma a la obligación de elaborar algunos planes metropolitanos. A pesar de ello, el eventual éxito de la nueva institucionalidad dependerá de un correcto diagnóstico y una mejor gestión, cuestión en la que las autoridades locales están al debe. Por ejemplo, son estos mismos liderazgos los que han insistido en más de una ocasión con la tesis de que los incendios serían provocados por inmobiliarias o por la oposición política. Es difícil que sobre un diagnóstico tan fantasioso surja una respuesta seria acorde a los desafíos que enfrentamos.
En síntesis, a pesar de las urgencias que debemos enfrentar, si no nos ocupamos de lo estructural, siempre estaremos atendiendo a la contingencia. Ello, además de ser costoso, también implica un círculo vicioso difícil de salir. pues, como nos muestra la historia en diversos cerros, la reconstrucción es un proceso que toma años y que suele suceder en el mismo sitio siniestrado. ¿Qué haremos para cambiar esta dinámica?
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