Las contribuciones han ocupado un lugar importante en la agenda política reciente, especialmente durante la recta final del debate constitucional. Si bien considero que este tema trasciende su regulación en la Carta Magna, lo cierto es que su levantamiento ha revelado una serie de especulaciones que magnifican el impacto de potenciales modificaciones al sistema. A su vez, se ha invisibilizado la realidad de un número significativo de familias de clases medias que sí pagan este gravamen.
Como he destacado en columnas anteriores, una proporción relevante de las contribuciones provenientes de las comunas del Sector Oriente y de Santiago van directamente al Fondo Común Municipal (FCM). Pero, más allá de este fenómeno, hay interrogantes poco abordadas: ¿Cuánto aportan concretamente estas municipalidades? ¿Cuál es la incidencia por cada destino? Aunque estas preguntas son fundamentales para la discusión, su presencia ha sido escasa, lo que da cuenta de un debate poco profundo.
Tras analizar la base de datos de cobros y el detalle catastral del Servicio de Impuestos Internos (SII), se aprecia que ambas dimensiones parecen sobreestimar el peso tanto de las primeras viviendas como el de las comunas más afluentes del país. Destaco las principales conclusiones:
Primero, los inmuebles con destino habitacional son los que más contribuyen a la recaudación total, con una proporción cercana al 32,5%. No obstante, esta cifra dista considerablemente de lo que algunos han destacado en la discusión pública. Este punto es relevante si consideramos propuestas como la eliminación del gravamen a la primera vivienda, en circunstancias de que la tasa de arriendo es cercana al 30% y, por ende, no toda vivienda se vería beneficiada de la propuesta. En concreto, parece que el impacto de este grupo en el FCM está sobredimensionado o, dicho de otra manera, no está debidamente cuantificado.
Otro punto importante es el peso del Sector Oriente. Según diversas estimaciones, solo el 25% de los inmuebles pagan contribuciones, concentrándose la mayoría en esta zona. Efectivamente, la recaudación total es cercana al 40% cuando se incluyen Santiago y Ñuñoa. A pesar de ello, las comunas con mayor aporte son Santiago y Las Condes, lo cual se explica más por su densidad de construcciones que por el valor de sus inmuebles, siendo la primera una zona que alberga mixtura de grupos socioeconómicos.
Contrario a lo anterior, el 60% restante tiene una dispersión más amplia, correspondiendo en varios casos a municipalidades de clase media con baja densidad comercial y de oficinas; es decir, donde las viviendas son las que se llevan el mayor peso del gravamen. Ejemplos concretos son comunas como San Miguel, Iquique y Viña del Mar, donde cerca del 70% de los predios contribuyen en alguna medida a la recaudación. Es difícil pensar que este porcentaje corresponda solo a familias de mayores recursos, como se arguye al hablar de Vitacura y Lo Barnechea.
Profundizando más en este punto, la densidad de los inmuebles residenciales que pagan gravámenes en la Región Metropolitana sigue un claro patrón de concentración que se expande desde el Sector Oriente hacia las comunas pericentrales, como la ya mencionada San Miguel, además de Macul y Recoleta. En estas áreas, cerca de la mitad de las viviendas se beneficia de una exención. Luego, en segundo orden, también hay comunas periféricas como Maipú y La Florida que tienen zonas donde se concentra el pago de contribuciones. En resumen, solo las comunas más pobres parecen beneficiarse de la política actual.
Dicho lo anterior, ¿no estaremos subestimando el aporte de los últimos grupos y sus impactos en la población? Aunque esto puede asociarse a diversas lógicas, la discusión pública se ha centrado en un sector específico de la población y en beneficios particulares, como el descuento en el pago para adultos mayores. Esto ha invisibilizado completamente a familias de clase media y media baja que deben pagar contribuciones, mientras que familias de la misma comuna no lo hacen debido a desacoples entre los avalúos de viviendas exentas y otras que no lo están.
Lo anterior debería importarnos, pues si el pago de la cuota trimestral es cercano a los $60 mil, esto representa cerca del 2,5% del ingreso mensual en una familia que gana $800 mil. Esta cifra es similar al cuestionado 3% debatido en la reforma previsional anterior, donde se cuestionaba si el monto debía ir a un sistema de capitalización individual o a un pilar solidario debido al impacto a largo plazo de esta suma. ¿Por qué en ese entonces su peso fue mucho mayor que en la discusión actual? Probablemente se deba a que la discusión sobre los supuestos impactos de las contribuciones no ha sido debidamente abordada, primando las conversaciones genéricas y sin datos desagregados, cuando la complejidad del problema y las cifras nos sugieren claramente la necesidad de tener una conversación más profunda.
Por otra parte, aunque la tasa de impuesto fluctúa solo entre 0,893% y 1,042% del avalúo no exento, la realidad del pago de contribuciones varía también a lo largo del país. Comparando el avalúo fiscal contra el precio de venta o tasación (informado en el formulario F2890), se aprecia una relación entre el 30% y 40% en comunas más afluentes; es decir, por cada $10 del valor de la vivienda, entre tres y cuatro son utilizados en la base del cálculo de las contribuciones. Luego, en un segundo anillo, la relación fluctúa entre 10% y 30% en las comunas pericentrales ya mencionadas. Finalmente, existe un tercer grupo entre 0% y 5% conformado por comunas como La Pintana, La Granja y Cerro Navia.
Nuevamente, lo anterior no necesariamente responde a la lógica de la discusión pública. Por supuesto, esto tampoco implica la implementación de políticas binarias como la total eliminación o la exención del gravamen, pero ¿no deberíamos abrirnos más a discutir sobre este tema?
En síntesis, estos puntos deberían ser tomados en cuenta, pues hasta el momento diversos grupos socioeconómicos han sido invisibilizados en el debate, mientras que otros han sido sobreestimados en relación al aporte que efectúan al FCM. Si bien las viviendas son un motor relevante en la recaudación municipal, la inconsistencia entre casos nos sugiere que al menos debemos cuestionarnos la lógica de nuestro sistema. Estos temas deberían guiarnos a una discusión seria respecto a si las contribuciones son un mecanismo realmente adecuado para financiar a los gobiernos locales, cuestión que debiera primar independiente del resultado del plebiscito que se acerca.
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