El investigador de Fundación P!ensa destaca que "la gestión de riesgos es un factor cada vez más relevante de mitigar", y que debe anteceder a la decisión sobre si radicar o no los campamentos.
La radicación de 369 campamentos proyectados por el Minvu en principio es una buena noticia, pues implica formalizar asentamientos informales a través de su respectiva urbanización y regularización, sin la necesidad de trasladar a los habitantes del lugar. Sin embargo, su emplazamiento en zonas de riesgo impone desafíos evidentes, sobre todo cuando la misma definición de “riesgo” parece desactualizada producto de Instrumentos de Planificación Territorial (IPT) que tienen una edad promedio de 21 años. Dado ello, tenemos un desafío anterior a la radicación de campamentos: actualizar la normativa involucrada.
Esta discusión es parte del proyecto de ley Boletín N°16772-14 que se debate en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados. En concreto, el proyecto busca resolver problemas urgentes de asentamientos irregulares y actuar preventivamente frente a desastres naturales. Para ello, propone dotar de mayores facultades al Poder Ejecutivo para modificar la regulación urbana en temas como expandir el radio urbano, construir barrios provisorios, definir zonas de riesgo y radicar campamentos. Ante ello, conviene preguntarnos si todas estas gestiones pueden ser realizadas en paralelo.
La idea de centralizar la actualización de áreas de riesgo a nivel ministerial puede ayudar a tener un proceso más rápido, eficiente y con economías de escala. Esto tiene especial sentido considerando que modificar un Instrumento de Planificación Territorial (IPT) toma años. Además, por un lado, las comunas de menores recursos usualmente no cuentan con las capacidades instaladas para liderar estos procesos; por otro lado, las municipalidades más pobladas tienen planes reguladores antiguos y cuya definición de riesgo no responde a la actualidad. La premura de los efectos del cambio climático en nuestras ciudades nos invita a actuar con celeridad en ambos casos.
Sin embargo, de lo anterior, la gestión de riesgos no necesariamente se asocia a la de campamentos, pues existe una clara tensión entre ambas. Un ejemplo es Viña del Mar, donde una gran parte de las áreas damnificadas contaban con campamentos; más aún, algunos no estaban emplazados en zonas definidas de riesgo. Entonces, radicarlos puede ser contraproducente frente a mitigar amenazas naturales. De hecho, según cifras del Catastro de Campamentos del ministerio, 272 a nivel nacional se emplazan en áreas de riesgo y 48 en zonas no edificables, por lo que su escalabilidad también puede ser cuestionada.
Esta tensión cobra especial relevancia considerando la desactualización ya mencionada de los IPT, donde la definición de riesgo no necesariamente representa a las amenazas actuales. Lo anterior se ilustra en un estudio realizado por TECHO junto a Cigiden, donde indican un porcentaje muy superior de campamentos expuestos a riesgos naturales, destacando a 75 expuestos a incendios forestales solo en Viña del Mar.
En concreto, el campamento Manuel Bustos ilustra bien esta tensión. El asentamiento informal, que aloja a más de mil familias, proyecta su radicación y se encuentra sometido al procedimiento de saneamiento y regularización del loteo. Sin embargo, diversas zonas de este han sido azotadas por incendios a lo largo del tiempo, implicando que probablemente una nueva definición de riesgos mine el esfuerzo de radicar viviendas en este sitio. Esta historia se repite a lo largo de la V región, donde diversos campamentos no están catalogados bajo ninguna clasificación de riesgo, pero que sí fueron afectados por la última catástrofe en Viña del Mar. Dado lo anterior, ¿sería responsable radicar esas zonas? No lo creo.
Por otro lado, el proyecto también propone desarrollar asentamientos transitorios como una medida para abordar el problema. No obstante, la experiencia nos demuestra que lo provisorio tiende a prolongarse en el tiempo, especialmente si se trata de vivienda. Como destaca La Tercera en una radiografía a campamentos en de la Región Metropolitana, estos ya no solo son construcciones precarias, sino que son pequeñas localidades con calles, bazares e iglesias, además de contar con construcciones ampliadas de materiales sólidos.
A pesar de que el proyecto de ley indica un periodo máximo de 5 años para regularizar estos barrios, existen diversos desafíos, como que nunca se regularicen, que las familias dejen estos proyectos y lleguen otras, y que, en caso de formarse campamentos, ya sea por extensión de estos u otra modalidad, las autoridades sean reacias a expulsar u ordenar demolición. Dado esto, nada asegura que un barrio transitorio mute a uno permanente.
Finalmente, es importante reconocer que los campamentos usualmente se emplazan en la periferia del radio urbano. Dado ello, no solo incumplen con requerimientos de infraestructura y accesibilidad, sino que también adolecen de la falta de servicios básicos como agua potable, lo cual es fundamental a la hora de enfrentar un incendio.
Lo anterior se vuelve aún más complejo debido a que los campamentos crecen orgánicamente, por lo que nada asegura que no continúen expandiéndose una vez radicados. Esta expansión urbana de la periferia suele estar expuesta a riesgos como los incendios observados en los últimos años, los cuales, producto de los efectos del cambio climático, son cada vez más propensos a ocurrir. Dado ello, extender el radio urbano para ayudar a su regularización tampoco sería una solución efectiva.
En síntesis, la gestión de riesgos es un factor cada vez más relevante de mitigar, por lo que la planificación centralizada del Minvu puede ayudar a que se realice de manera más ágil y eficiente. Sin embargo, el manejo de campamentos y asentamientos provisorios tiene otras dimensiones que hacen de esta tarea más compleja, especialmente si quiere aplicarse a lo largo del territorio nacional.
¿Qué lógica primará? ¿Se actualizarán los patrones de riesgo primero o se tomarán decisiones como radicar campamentos y extender el radio urbano sin hacer caso a las tensiones destacadas? Para nuestra suerte, esta historia no es como el huevo y la gallina, pues el canal causal es claro. Primero se debe actualizar nuestras mediciones de riesgo y luego tomar decisiones sobre radicar o no los campamentos.
Ante la sobrecarga laboral en el Ministerio Público, donde, por ejemplo, han aumentado las causas por crimen organizado, a la fiscal Patricia Ibarra comentó en CNN Chile Radio que la proyección actual supera a la que se había establecido en la reforma procesal penal de hace 20 años.
