A cuatro años de un estallido social que removió las bases culturales y políticas del país, seguimos teniendo importantes desafíos a los que el gobierno del presidente Gabriel Boric Font está haciendo frente: mejorar las pensiones mediante una reforma previsional, alcanzar un pacto fiscal que promueva el desarrollo y el bienestar, y contar un presupuesto para el año 2024 que abrace ejes fundamentales como son la seguridad ciudadana, la seguridad social y la seguridad económica.
A lo anterior se suma una importante deuda de nuestro sistema político e institucional: faltan espacios efectivos para la participación ciudadana.
El gran tamaño de esta deuda se confirmó en los días venideros al 18 de octubre, con la proliferación a lo largo de todo el país de cabildos ciudadanos autoconvocados para debatir contenidos que iban desde educación hasta modelo de desarrollo. Pero también la institucionalidad acusó recibo.
El entonces presidente Sebastián Piñera, a dos semanas del estallido social, convocó a “un gran diálogo ciudadano”, consistente en un proceso de consultas a nivel nacional destinadas a canalizar la crisis social.
El presidente Boric, en su primera cuenta pública, reafirmó su voluntad por dar un paso adelante en materia de participación. Por ello, desde la División de Organizaciones Sociales estamos trabajando por mejorar la incidencia de las personas y las organizaciones sociales en la toma de decisiones de interés público.
Antes de entrar en ello, queremos ahondar en por qué consideramos que la participación, entendida como un medio y también como un fin en sí mismo, es un factor clave para avanzar en la recuperación de la legitimidad de las instituciones y bienes públicos, enfrentando la desafección ciudadana.
La palabra participación integra dos conceptos, “hacer parte de” y “tomar parte en alguna acción”. Quien participa reafirma la idea de que es parte de un colectivo de personas, de una sociedad o un país. La participación nos lleva a tomar decisiones libremente, potenciando la percepción de dignidad y autonomía. Precisamente, estos dos últimos elementos han sido puestos en jaque por la inseguridad social y económica, formando parte del caldo de cultivo para el malestar social.
La buena noticia es que con una efectiva participación ciudadana podemos empezar a hacernos cargo de esa deuda que arrastramos como país.
Hoy existe un diagnóstico extendido sobre la desafección que presenta la sociedad chilena con las instituciones públicas y la democracia. “Crisis de representación”, “crisis de la democracia” o “crisis de legitimidad del sistema”. Lo cierto es que la sociedad chilena ha vivido un singular proceso en las últimas dos décadas, en que un creciente interés por la política no se ha traducido en mayores niveles de legitimidad de las instituciones públicas y la democracia, sino en un aumento de la desconfianza con los actores institucionales.
Según la última Encuesta Nacional de Juventudes, un 54,4% de los jóvenes dice participar en alguna organización social. Sin embargo, apenas un 5,9% declara haber participado en alguna instancia institucional de elaboración de política pública para jóvenes. Por otro lado, el estudio “Politización sin identificación”, sobre relación de sectores populares con la política (Araujo, Angelcos, Pérez, 2023), señala que Chile pasó de ser históricamente el país en Latinoamérica en donde más se confiaba en las instituciones, a ser en 2020 el país con el menor nivel de confianza.
Respecto a los partidos políticos, en 1995 Chile era el país de la Región con el nivel más alto de confianza en estos, con un 30%. En 2020 esa cifra descendió al nivel más bajo, con solo un 10%. La confianza entre las personas tampoco muestra valores alentadores. Según un estudio de la Universidad de Talca, apenas el 15% señala confiar en el resto de las personas. El riesgo de la desafección social con la institucionalidad es grave: la democracia sin instituciones fuertes y legitimadas se pone bajo amenaza.
Entre los grupos que presentan mayor desafección y menores niveles de participación ciudadana están los sectores populares y los jóvenes, que participaron activamente en las movilizaciones sociales de hace cuatro años y deben ser de especial prioridad para la política pública. Por eso, la División de Organizaciones Sociales, en asociación con el Instituto Nacional de la Juventud y otras instituciones públicas, está desarrollando una línea de trabajo especial con juventudes y sus organizaciones, a la vez que profundiza su quehacer territorial con organizaciones vecinales, especialmente en sectores populares de todo Chile.
Debemos ser capaces de mejorar la representación, incorporando mecanismos participativos que permitan mejorar la identificación ciudadana con la política institucional. Hoy más que nunca se necesita recuperar la confianza en la institucionalidad pública, y no hay mejor remedio que incorporar a las personas en la toma de decisiones en materias que les afectan directamente.
Más participación es más democracia. Pero tal como señala el destacado profesor Gonzalo de La Maza, la participación es “una voluntad que se activa”. Por esto, esta voluntad no puede quedar relegada a la disposición de los gobernantes de turno, sino que debe tener estructuras institucionales sólidas que permitan hacerles mejoras, seguimiento y protegerlas de quienes se vean tentados a reducirlas o eliminarlas. Por todo lo anterior, es que este mes de octubre iniciamos el proceso participativo “Hablemos de Participación”, para llevar adelante la modernización de la Ley 20.500 sobre asociaciones y participación en la gestión pública.
Esta ley, publicada en 2011, significó avances importantes en el reconocimiento legal del derecho a la asociación libre, la creación del registro de Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro y un fondo público para su fortalecimiento (FFOIP), además de establecer la conformación de los Consejos de la Sociedad Civil (COSOC) en los organismos públicos para la participación ciudadana.
Sin embargo, a lo largo de los años se han detectado insuficiencias de la ley, que exigen una mejora y actualización. Parte de esta evaluación quedó establecida en el robusto documento de diagnóstico y propuestas realizado por el Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil en 2016, que ha servido de base para el desarrollo del actual proceso.
Como demuestran los dos últimos procesos constituyentes, la participación ciudadana no es patrimonio de ningún sector político, sino un activo de toda la sociedad para alcanzar legitimidad y un correcto funcionamiento del sistema democrático.
La participación ciudadana desarrolla confianza en los modelos de gobernanza, potencia la identificación social y robustece las relaciones interpersonales y de las personas con las instituciones, ayudando a mejorar la tan esquiva y necesaria cohesión social. Una efectiva participación ciudadana representa una oportunidad enorme para que Chile construya un proyecto de futuro en el que todas y todos nos sintamos parte.
Quienes creemos que la democracia es el mejor sistema político debemos trabajar incansablemente para incorporar de manera decidida, permanente e institucional la participación como un verdadero antídoto a la desafección social.
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