“Dos jóvenes heridos en ajustes de cuentas”, “dos menores baleados en La Pintana”, “15 millones de pesos se llevaron delincuentes”, “decomisasngigantesco comercio de zapatillas falsas” y “un muerto por asalto a bencinera”. Todos los titulares que usted acaba de leer son de hace 24 años atrás, es decir, del año 2000; vaya parecido a los tiempos actuales. Hagamos otro ejercicio de memoria, esta vez del año 1997. Un estudio publicado por Paz Ciudadana indicaba que “el 69% de los encuestados opina que hay más delincuencia que hace un año, y que el fenómeno delictual es más violento que antes”.
¿Qué hizo el Estado de Chile para poder contener el crecimiento de la delincuencia durante las décadas en cuestión? En los momentos en que las cifras policiales de comisión de delitos y la percepción de inseguridad aumentaron, los gobiernos de Patricio Aylwin y Eduardo Frei realizaron una serie de acciones que consolidaron instituciones estatales mientras desbarataban estructuras violentas.
El presidente Aylwin desarticuló, entre otras organizaciones, las células terroristas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el Movimiento de Izquierda Revolucionario y el grupo Lautaro. Vale la pena recordar que estos grupos armados contaban con granadas, fusiles M16 y subametralladoras UZI. Para contrarrestarlos, se creó la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones, que dependía del Ministerio del Interior. De ahí nace la mítica “oficina” donde Belisario Velasco tuvo un rol protagónico. Además, se incrementó el presupuesto y la dotación de carabineros, mientras que la Policía de Investigaciones también experimentó cambios profundos. De hecho, esta última fue liderada por primera vez por un detective de carrera, Nelson Mery, quien cambió la cultura y el paradigma de trabajo de la PDI. La máxima institucional se tradujo en un eslogan certero: investigar para detener y no detener para investigar.
El mandato del presidente Frei fue continuador de varias de las medidas que había iniciado su antecesor. Es por eso que en el año 1999 se inaugura la Escuela de Investigaciones Policiales en la comuna de Estación Central. En materia de seguridad pública, quizás el hito que marcó al gobierno fue la creación del Ministerio Público, institución que dirige la investigación y formaliza a los posibles responsables de delitos, junto con proteger a las víctimas y testigos.
Como se puede constatar en el flashback anterior, el Estado ha tenido herramientas -o si no las ha creado- para tomar medidas que permitan atacar el problema de la seguridad pública, el que no es nuevo, sino más bien evolutivo y, como muchas otras cosas, hijo de sus tiempos. Es posible decir que gracias a aquellas acciones, hoy no hay terrorismo urbano en las grandes metrópolis del país.
Por cierto, cada uno de los presidentes desde el retorno de la democracia ha realizado tareas de seguridad pública, sin embargo, desde el presidente Ricardo Lagos en adelante estas no han sido tan profundas como en las administraciones de Aylwin y Frei.
Volviendo a la actualidad, quizás una de las radiografías más elocuentes es la que reflejan los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) de 2022, que revela que la percepción de inseguridad en Chile alcanzó el 90,6%. Un dato que, sin eufemismos, es brutal. No solo por lo abultada de la cifra, sino porque se condice con la realidad de la tasa de victimización. Y es que, si al año 2014 la tasa de victimización era de un 19,3%, al año 2018 llegó a un 27,4%, es decir, se acercó a los niveles de 2008, cuando esta era de un 28,5%.
De alguna manera, la sensación de inseguridad está relacionada con la tasa de victimización y esta ha crecido a un ritmo constante. Ahora bien, como dije anteriormente, cada problema de seguridad pública es hijo de su tiempo.
En el Chile de hoy, la inmigración descontrolada, las nuevas formas de crimen organizado o la delincuencia más violenta nos muestran, por un lado, lo desafiante del problema y, por el otro, lo distinto que es si lo comparamos con los años ’90 y 2000. Además, hay un fenómeno mucho más profundo que se desarrolla en nuestro país y también en el mundo: el narco, que es en extremo peligroso y está poniendo de rodillas a varios países. Los millones de millones de dólares que mueve y lo globalizado del fenómeno hacen de ello un enemigo implacable y difícil de detectar.
En este escenario, una de las medidas de la autoridad que se está realizando -y se ha realizado en el pasado- es el fortalecimiento de las policías. Hoy se están entregando carros policiales a granel -en buena hora- para los patrullajes y se ha impulsado un paquete interesante de leyes para fortalecer la labor de Carabineros y la PDI. Para qué decir de los militares en el sur y en el norte.
No obstante, estamos empezando a notar que la fórmula anterior no está dando los resultados esperados. Dicho de otra forma, no es palpable para la ciudadanía que las acciones del Estado devengan en más y mejor seguridad pública, contrario a lo que sucedía en los ’90-2000, en que cada vez que se desarticuló una célula terrorista, las personas sabíamos que se podía transitar con más tranquilidad porque los que ponían bombas estaban tras las rejas.
Entonces, la lección que podemos aprender de la década de los ’90 a los 2000 es que hubo una decisión de Estado que empujó nuevas fórmulas y grandes cambios para contener la delincuencia y el terrorismo de ese entonces. Tal vez sea momento de actuar de una manera similar, pero a su vez, con políticas acordes a los tiempos actuales que nos permitan encontrar o crear las herramientas necesarias para vivir tranquilos y gozar del espacio público sin miedo a morir por ello.
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