La Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) es el principal instrumento que tiene el Estado para observar la situación de los salarios y otros ingresos provenientes del trabajo. La levanta el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) todos los años desde 1990 y tiene la particularidad de representar a todos los tipos de ocupación, incluidas las formas de empleo “atípico” e informal.
Según los resultados de la última ESI, publicada en agosto y correspondiente a 2022 (existe un año de rezago), el ingreso laboral promedio es de $758 mil pesos líquidos cuando se incluyen todas las fuentes posibles, esto es, sueldo base, bonos esporádicos, anuales, horas extras, etc. Ahora bien, como es sabido, el promedio no es una medida adecuada para describir la realidad cuando existen grandes desigualdades. Como diría Nicanor Parra: “Hay dos panes. Usted se come dos. Yo ninguno. Consumo promedio: un pan por persona”. Este es ciertamente el caso de Chile.
Un indicador más apropiado es la mediana, que consiste en ordenar los ingresos de las y los trabajadores de mayor a menor y ver dónde está el punto medio (esto se puede hacer procesando los microdatos de la ESI). Esto muestra que la mediana es de $503 mil pesos, lo que significa que la mitad de las y los trabajadores obtienen ingresos por su trabajo “de ahí para abajo”. Otro dato: el salario mediano en 2022 es más de $22 mil inferior al publicado en 2017 (datos ajustados a la inflación).
Con la ESI 2022, podríamos hacer la siguiente pregunta: ¿es posible sacar a un grupo familiar de la pobreza con estos salarios? En concreto, al procesar los datos, encontraremos que el 55,3% del total de personas ocupadas en Chile, no podría sacar a una familia promedio de la pobreza con los ingresos laborales disponibles (62,4% en el caso de las mujeres y 50% para los hombres), lo que muestra el alto nivel de precariedad en el mundo del trabajo.
Por otra parte, sabemos por un estudio macroeconómico que realizamos en Chile (DURÁN Y STANTON, 2022), que por cada ocho horas trabajadas, tres se destinan a financiar salarios y el resto es tiempo de trabajo excedente que da origen a las utilidades o ganancias de las empresas.
Entonces, estamos ante una situación en que los salarios están al límite (ingresos medianos muy bajos) y a su vez en que la mayor parte del tiempo de trabajo se utiliza para financiar las ganancias del empresario. Por supuesto, esta no es una característica exclusiva de Chile: una característica del sistema económico actual es que los beneficios del trabajo colectivo se concentran en manos de los dueños del capital. Lo particular de Chile es el abismal poder de los capitalistas en relación con la clase trabajadora. Otro dato puede ayudar: apenas el 13% de las y los asalariados participa en la negociación colectiva, que de por sí es de muy baja intensidad y eficacia dada la enorme fragmentación. Esto supone una enorme ventaja para los empresarios: significa que la organización del trabajo y el reparto de sus beneficios se reservan a una parte, y las y los trabajadores se enfrentan por lo regular a la lógica del “lo tomas o lo dejas”.
Una forma de contrarrestar el panorama de salarios al límite ha sido recurrir al endeudamiento. Hoy el 70% de los hogares se encuentra endeudado, la mayoría de ellos con fines de consumo y no para aumentar su patrimonio (como ocurre con los préstamos hipotecarios). Además, casi cinco millones de personas están en mora (incapaces de hacer frente a sus obligaciones). Esta salida del problema de los bajos salarios es muy buena para los bancos, pero también para mantener las cosas como están, en el sentido de que la deuda disciplina los comportamientos (MARAMBIO, 2022), ya que obliga a ser más cumplidora o cumplidor, sumisa o sumiso, para no perder la fuente de ingresos que permite pagar a los acreedores.
Sin embargo, hay otra forma de contrarrestar este escenario. Fortalecer los sindicatos mediante un sistema de negociación colectiva “inclusivo” que ofrezca protección a la mayoría de las y los trabajadores e impida que los empresarios actúen unilateralmente. La abrumadora evidencia internacional ha demostrado durante años que una mayor densidad sindical y unos mayores niveles de negociación colectiva están causalmente vinculados a unos salarios más altos, a una mejor distribución de la riqueza y a una democratización de los espacios de trabajo. La evidencia dice algo más: la mejora de la negociación colectiva requiere un sistema multinivel en el que la industria, la rama o el sector sea el nivel dominante. En América Latina, tomemos el ejemplo de Uruguay, donde casi el 95% de las y los trabajadores negocian colectivamente a través de consejos de salarios, que son organismos sectoriales de negociación.
Chile necesita sacar el tema del trabajo a la testera pública y discutir seriamente cómo se producen y distribuyen los frutos de la creación colectiva de valor.
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