Como es sabido, la pandemia tuvo un profundo impacto negativo en el mundo del trabajo. Pero, ¿qué tan grave es la situación a casi 30 meses del período clímax en la pérdida de empleo?
Antes de que comenzara la pandemia, en el trimestre septiembre–noviembre del año 2019, 58 de cada 100 personas en edad de trabajar tenían un empleo remunerado. En jerga económica, esto quiere decir que la Tasa de Ocupación era de un 58% (para mayor exactitud, un 58,4%).
Anteriormente, entre 1990 y 2009, la tasa de ocupación promedió un 50% (para dicho trimestre), sin mayores variaciones. Mientras que, entre 2010 y 2019 (ya con nueva metodología para medir empleo) se observó un crecimiento en el tiempo marcando un promedio de 58%.
Con la crisis sanitaria, la tasa de ocupación cayó significativamente. En 2020 y siempre comparando el mismo trimestre (septiembre–noviembre), la proporción de personas ocupadas en relación a la población en edad de trabajar llegó a 50,2% (como en los ’90 y en los 2000, aunque con la metodología nueva de medición). Durante el año 2021, esta proporción se recuperó algo, y alcanzó un 53,6%. Hoy, de acuerdo a los datos dados a conocer recientemente por el Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de ocupación llega a un 55,1%, esto es, se ubica en los niveles del año 2010.
Pero, ¿qué significa que la tasa de ocupación sea 3,3 puntos porcentuales menor a lo que era en la época prepandemia (58,4% vs 55,1%)? En número de fuentes de trabajo, equivale a decir que faltan 528 mil empleos para lograr la misma tasa de ocupación que Chile tenía a fines de 2019. El déficit de 528 mil empleos equivale prácticamente a todo el boom de empleo que prometió Sebastián Piñera para los 4 años de su segundo mandato. Lo que muestran los datos es que este déficit se ha mantenido prácticamente estable durante los últimos 12 meses. Esto es grave, pues muestra un nulo avance para mitigar un problema real que enfrentan miles de familias trabajadoras.
La deuda de arrastre que acumula el país en fuentes de trabajo es un problema que se combina con una creciente precarización en aquella población que sí logra acceder a un trabajo. En efecto, al observar las cifras de empleo publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas pocos días atrás, se constata un problema en la calidad de los empleos creados durante estos años (los que no alcanzan a compensar empleos perdidos en igual período). Del total de empleo creado entre el trimestre mayo–julio de 2020 (el peor momento de la pandemia, en términos de empleo) y el trimestre septiembre–noviembre 2022 (actual cifra), un 93,9% corresponde a empleos informales y empleos de inserción endeble, es decir, con características transitorias y probablemente precarias. Sólo un 6,1% es empleo “protegido”, que podríamos decir, cumple con garantías institucionales mínimas de resguardo social y durabilidad, lo que ni siquiera es lo mismo que un buen empleo o un empleo de calidad.
En resumen, lo que vemos es: un importante déficit de empleo, unido a una recuperación de puestos de trabajo que es altamente precaria. Esta información, que es fundamental, tiene que ponerse en el tapete y debatirse para poder tomar medidas al respecto. El desconocimiento público de estos antecedentes, tal y como sucede en la actualidad, así como la inacción gubernamental, beneficia a quienes ganan con la precarización laboral: quienes maximizan sus ganancias a costa de los contratos laborales frágiles y la mantención de grandes proporciones de población en el margen, presionando por entrar al trabajo remunerado y empujando los salarios hacia abajo.
Deja tu comentario