La pandemia, sin duda, ha sido un desafío para las familias, las empresas, las organizaciones civiles y, por cierto, el Estado. Tensionó las estructuras económicas, sociales y a las políticas públicas. Puso a prueba la capacidad estatal, así como los consensos sociales. A nivel mundial, se observaron una diversidad de estilos de liderazgos y tipos de respuesta por parte de los gobiernos, los que sin duda, constituyen valiosos aprendizajes para la humanidad.
Ahora bien, más allá de las diferencias y especificidades, un elemento sustantivo en esta pandemia ha sido la valorización de la transparencia y el acceso a la información pública: desde los datos de contagios, fallecidos, o del uso del sistema hospitalario, a los requisitos y características de los beneficios sociales y económicos disponibles para la población.
Por ello, no es de extrañar que, de acuerdo al Estudio Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales del Consejo para la Transparencia, el 86% de la ciudadanía considera que es necesaria, 66% que fomenta la participación ciudadana y 66% que mejora la gestión pública.
En ese contexto, el paradigma del gobierno abierto, cuyos pilares son la transparencia, la rendición de cuentas y la colaboración ciudadana, que a nivel internacional ha evidenciado positivos impactos de la apertura de datos -tanto en la economía, la justicia social, la detección de irregularidades, la eficiencia en el gasto público, así como en sus aplicaciones en salud y educación-, es una máxima para nuestra institucionalidad, tanto en el Poder Judicial como en el Legislativo y en el Ejecutivo.
Nuestro país ha avanzado en esta lógica. Sin embargo, es necesario repensar qué, cómo y cuándo es necesario disponer datos públicos. Esto dado que, si bien en base al Instructivo Presidencial N°5 del 2012 se ha observado una apertura, en la práctica, al hacer el ejercicio de revisar distintos portales de datos abiertos del Estado, es posible encontrar bases desactualizadas, de poca relevancia o interés social, en formatos poca amigables, sin diccionarios de variables, con datos sin interrelación, por sólo mencionar algunas de sus falencias.
Por ello, y para estar a la altura de las circunstancias, se hace necesario construir ciclos de apertura de datos que consideren las necesidades ciudadanas e impacto social -una deficiencia que se levanta en los diversos rankings internacionales que evalúan a Chile en esta materia-, así como una integración de organizaciones civiles y de la academia; lo que debe ir de la mano de la transformación digital del Estado, de la creación de protocolos para el uso ético de datos, la formación de competencias en funcionarios y ciudadanía, y liderazgo y sustentabilidad de proyectos en el área.
Ello es relevante, porque permite a las personas mejorar la calidad de las decisiones, realizar control social, limitar los espacios de corrupción o en su defecto exponerlos, mejorando la apreciación y confianza de las instituciones y profundizando la democracia. Con objetivos tan próximos a los que promueve el Consejo para la Transparencia, el Gobierno Abierto no puede más que abrazarse y por parte de nuestro organismo colaborar con su promoción.
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