Dicen que las constituciones son hijas de sus tiempos. Esta ha sido una premisa que ha resonado a lo largo del proceso constituyente tanto en la Convención Constitucional y ahora con el Consejo Constituyente en ejercicio. En principio, tiene sentido que los términos que se establezcan en una carta constitucional reflejen de una manera más preponderante las tensiones, prioridades y elementos del contexto político y social en el cual fue elaborada. Sin embargo, durante el proceso constituyente en curso, hemos escuchado “ser hija de su tiempo” como una frase que antecede a una u otra justificación, a ratos antojadiza, de que algún tema en particular debe recibir especial atención en el debate constitucional. Con el término de las votaciones en el pleno del Consejo Constituyente y ad portas de comenzar la etapa final antes de contar con una nueva propuesta constitucional, cabe hacernos la pregunta de si el texto que se propone, al menos en lo que respecta a la educación, ¿refleja las necesidades educativas de los tiempos en que vivimos?
Vivimos en un momento de crisis educativa de proporciones, donde es evidente que tenemos que hacernos cargo de la brecha en aprendizajes esperados y la enorme cantidad de niños y niñas que han sido excluidos del sistema escolar. Más de 50.000 estudiantes no regresaron al colegio el año 2022 tras la pandemia, engrosando la cifra de 227 mil niños niñas y adolescentes en edad escolar que están fuera del sistema. En educación parvularia, todavía existe una brecha importante de la matrícula que no asiste a jardines infantiles a pesar de los enormes esfuerzos para aumentar la oferta en este nivel y de la importancia que tienen dichos años para el desarrollo integral de las personas. En términos de aprendizajes, los escasos avances en lectoescritura y matemática alcanzados durante la última década se esfumaron completamente, evidenciando un rezago abismal según las últimas publicaciones del SIMCE y poniendo en riesgo a una generación completa.
Teniendo estos antecedentes a la vista, cae de cajón pensar que una propuesta constitucional, al menos en lo que respecta a educación, considere un marco donde nos hagamos cargo de esta crisis. Y es que no es algo circunstancial, el problema de que miles de niños, niñas y jóvenes de este país, en especial los que viven en contexto de mayor vulnerabilidad, no tengan una educación de calidad que les abra las puertas a un mejor vivir. Es un dolor y una deuda que Chile lamentablemente arrastra por décadas. Por ello, una Constitución “hija de su tiempo”, debiese poner al centro el derecho a una educación inclusiva y de calidad, que miles de niños, niñas y jóvenes tengan asegurado su derecho básico y esencial de contar con las condiciones apropiadas para aprender y que estos aprendizajes sean innovadores y abiertos a una sala de clases acorde al siglo XXI. Se agrava el problema además, cuando lamentablemente constatamos que la vulneración de derechos de la infancia, entre ellos el derecho a la educación, radican muchas veces en el seno familiar, principalmente en contexto de pobreza, vulnerabilidad y violencia.
Por lo expuesto anteriormente, vemos con preocupación y con bastante desilusión, que el texto hasta el momento aprobado en el pleno del Consejo Constituyente, y que ahora pasa a la comisión experta, está muy pero muy lejos de proponer un sistema educativo en el que todas y todos puedan aprender. Está muy lejos de ser un texto que construya una visión para la educación de Chile que nos enorgullezca por garantizar que todo niño o niña, independiente de su origen, pueda desarrollarse en plenitud y en todo su potencial. Un sistema que nos enorgullezca por poner al centro el aprendizaje y el desarrollo integral de la persona y por convocar a todos los actores del sistema, familias, docentes, directivos, organizaciones públicas y privadas a contribuir activa y colaborativamente en este mandato.
El articulado de educación en la propuesta constitucional en trámite, en particular los artículos de derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, parecen ser un reflejo de otros tiempos. Lo aprobado hasta el momento está más enfocado en establecer límites al Estado que a propiciar y generar las condiciones para que todos los niños y niñas puedan aprender. Se hace alarde de una tensión inexistente, un fantasma de antaño, que busca poner a las familias y al Estado en pugna por quién es responsable de la educación, como si este fuera el principal problema que enfrentamos en lugar de los miles de niños y niñas que en cuarto básico no saben leer o que están fuera del sistema.
Más que una Constitución que se haga cargo de resolver los problemas de hoy y proponer un mejor futuro para los niños y niñas de Chile, el texto hasta ahora aprobado parece estar anclado en un paradigma del pasado. Las necesidades educativas, las brechas de aprendizajes y la exclusión del sistema escolar pasan a segundo plano. Lo que se propone está más cerca de un sistema en donde se evite a toda costa que el Estado promueva clases de educación sexual, que una educación que se preocupe que todos los niños y niñas vayan al colegio y aprendan. Se propone un texto que promueve la desconfianza entre las familias y las entidades públicas, cuando la protección de la infancia y del derecho a la educación de niños y niñas debe ser una tarea conjunta de todos. Cuando lo que más necesitamos es propiciar las condiciones para incluir y acoger la diversidad como parte de la riqueza del proceso educativo, parece que estamos esforzándonos por abrir espacios a la discrecionalidad, a la precariedad y a la posibilidad de discriminar, y seguir levantando barreras que privan a niños y niñas del derecho a aprender.
¿Qué es lo que queremos que aborde, entonces, la Constitución sobre la educación chilena?
En primer lugar es fundamental establecer claramente los principios que guían el sistema educativo, como la equidad, inclusión y calidad y que Educación 2020 trabajó arduamente durante el 2022 en un decálogo que aseguraba los mínimos necesarios en un proceso constitucional que considera la educación como base de una sociedad. La educación no solo sirve para aprender a ser persona sino que también a convivir en sociedad. Un sistema que promueva el pluralismo y la diversidad, acogiendo esto como parte de nuestra riqueza e idiosincrasia. Que revalorice a la educación pública como un pilar esencial de nuestra república al mismo tiempo que reconoce la riqueza de contar con múltiples proyectos educativos, públicos y privados, que en la medida que pongan a los niños, niñas y jóvenes en el centro, ofrecen oportunidades para garantizar el derecho a la educación. Por último, es prioritario posicionar a las familias y al estado como socios claves y complementarios, co-responsables de la educación de niños, niñas y adolescentes.
En lo que queda del proceso constituyente, procuremos que la propuesta final recoja la necesidad urgente de resguardar y promover una educación integral y de calidad para todos y todas. Que reconozca el momento crítico en el que está la educación en Chile, y que salir de esta crisis y transitar hacia un estadio mejor requiere de una visión común y gran esfuerzo colectivo. Una propuesta constitucional que por ser hijas de nuestros tiempos, tenga en su corazón el asegurar que todo niño o niña pueda aprender y desarrollarse al máximo y en plenitud.
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