El único representante por Escaños Reservados de los pueblos originarios, Alihuen Antileo, electo con un 52,43% de los sufragios, planteó en la sesión Plenaria N°33, del Consejo Constitucional, su decepción ante los acuerdos en materia de los pueblos originarios. En su perspectiva, el objetivo era “ampliar” los derechos indígenas contenidos en la actual propuesta constitucional, pero ocurría todo lo contrario con la actual propuesta. “No puedo sino recomendar a los pueblos indígenas –explicó con voz tranquila– de Arica a Punta Arenas, a los once pueblos reconocidos por ley que esta propuesta constitucional que va a emanar en las próximas semanas no debe ser aprobada. Recomiendo que esta propuesta sea rechazada por los indígenas de Chile”.
Antileo lleva consigo una reconocida trayectoria al interior del movimiento mapuche, como miembro de Ad Mapu, Meli Wixan Mapu, la Coordinadora Arauco-Malleco y actualmente de la Plataforma Mapuche. Como miembro de esta última organización, participó en las elecciones a constituyente, con el propósito de defender el voto diferenciado vía escaños reservados. Un mecanismo que en su óptica era reconocido por instancias internacionales para revertir las políticas de discriminación en torno a la participación política de los pueblos originarios en el continente. Su segundo objetivo, posicionar los derechos indígenas, largamente debatidos por el movimiento indígena y en parte considerada en las doce bases emanadas de los expertos, como es: “Reconocer a los pueblos originarios como parte de la nación chilena”. Así, bajo este contexto, el propósito de Antileo era mantener el estándar establecido por las normas internacionales, posicionar las demandas de devolución de tierras y defender el voto diferenciado, aduciendo, como abogado, que los derechos humanos establecidos en los tratados vigentes tienen una aplicación progresiva y no se pueden disminuir. No obstante, con la actual propuesta constitucional, posiblemente Chile se transforme en el primer caso regresivo de derechos indígenas.
El anteproyecto, que se caracterizó por una dimensión integracionista, al subrayar el reconocimiento de los pueblos indígenas “como parte de la Nación chilena”, la que, a la vez, era “una e indivisible”, con el propósito de marcar una distinción con el primer proceso que sostuvo la Plurinacionalidad como una forma de Estado. Esta propuesta se alejaba en la realidad de lo planteado por la campaña del Rechazo que sostuvo que la normativa proponía la división del país, algo que no solo no era cierto, sino que incluso generó un importante debate al interior de los mismos constituyentes indígenas al dejar consignado en la propuesta rechazada que Chile formaba parte de “un territorio único e indivisible”.
Luego de la amplia victoria del Rechazo, en que los temas centrales de los pueblos originarios fueron los que se incorporaron en la sociedad en el umbral del miedo, Antileo durante el segundo proceso constituyente, buscó desarrollar cuatro objetivos centrales para los pueblos originarios: reconocimiento constitucional, mecanismos de reparación de tierras a través de la restitución o compensación, interculturalidad y participación política vía escaños reservados. Este último ha sido uno de los aspectos más complejos del nuevo proceso, debido a que los sectores conservadores, si bien con matices en su interior, se plegaron en la campaña del Rechazo al sostener que este mecanismo era un “privilegio” en comparación con la sociedad en general. En estricto rigor, para la derecha chilena los pueblos originarios y las políticas de interculturalidad se comprenden desde una dimensión de la migración, como sujetos que deben insertarse a la cultura superior, en este caso, la chilenidad. Sin embargo, atrapado este mismo sector en su propia red, miembros vinculados a Evópoli que han planteado compartir mecanismo diferenciados para los pueblos originarios, aunque limitados, al igual que en el primer proceso constituyente, han cedido ante la oleada republicana, sumándose al coro conservador que se extiende a nivel global y de ese modo evitar abrir espacios a la política indígena salvo que sea para limitar su participación política.
¿Por qué limitar la participación política? En estricto rigor se relaciona a un tema crucial: la restitución de tierras. Si bien esta perspectiva no está considerada en este segundo proceso constituyente, de todas formas se encuentra presente en la atmosfera de del debate constituyente, al desarrollarse en paralelo la “Comisión de Paz y Entendimiento” que ha tenido que superar distintas trabas para lograr llegar a acuerdos amplios en esta materia tan importante para los movimientos indígenas, los que, al mismo tiempo, se encuentran tensionados por las normativas que se discuten en el Parlamento en relación a la Ley de Usurpación, la que impone duras sanciones para uno de los métodos que el movimiento mapuche ha debido recurrir para recuperar las tierras usurpadas por empresarios forestales y colonos. El problema de fondo de estas políticas de criminalización a los métodos usados por el movimiento mapuche, las que pueden transitar desde las recuperaciones simbólicas para acelerar los procesos de negociación hasta las recuperaciones efectivas vía control territorial, como primeros pasos para el desarrollo de la autonomía, lo más probable es que independiente de su penalización –que existe en el actual código penal–, no disminuirán y tan solo incrementarán el uso de la violencia por parte de los movimientos étnicos. Además, como lo está desarrollando actualmente la Corte Interamericana de DDHH, por las recuperaciones de tierras del año 1992, posiblemente Chile tenga que reparar el daño causado por criminalizar las formas de protestas del pueblo mapuche.
La ausencia de comprensión sobre los derechos indígenas, además se relaciona a otros de los aspectos cruciales del actual proceso constituyente: para los sectores conservadores la interculturalidad es vista como la promoción de la diversidad cultural (que incluye la migración) con el propósito de neutralizar los reconocimientos de los pueblos originarios y evitar la transformación en las relaciones de poder, ya que “todos somos iguales”, lo que disminuye los derechos de los pueblos originarios y, por lo tanto, las posibilidades de participación en la esfera política que ha sido la gran demanda de lo que ha sido denominado como la “emergencia indígena” en América Latina.
Según Alihuen Antileo, los pueblos originarios nos encontramos en una nueva encrucijada. Con el actual proceso constituyente y con las reformas tomadas por la Comisión Mixta, la derecha chilena ha terminado por construir un proyecto constitucional que, en su voz, “apoya la insensatez”. Una vez más, se han creado mecanismos para evitar la participación política de los pueblos originarios y la Comisión Mixta, lo más probable es que no tengan un margen político para instalar el derecho a la participación indígena.
Bajo un contexto global de asedio a la diversidad, considerando el rechazo al reconocimiento de los pueblos indígenas en Australia, los sucesos de Ecuador y Bolivia, el camino a una posible reconciliación nacional se aleja cada vez más del escenario político en materia étnica. Es difícil no visualizar que nuevamente se abren las puertas para que el uso de la violencia adquiera un nuevo protagonismo en las futuras generaciones indígenas. El reloj no debe retroceder mucho para el caso mapuche, ante la negativa del reconocimiento constitucional, acordado en Nueva Imperial en 1989, legitimó a la juventud mapucheque tomase la violencia como un camino, llevando a la democracia de posdictadura a tener que lidiar con ello por casi dos décadas, usando herramientas estatales para detener al movimiento y políticas de desarticulación que han generado un debilitamiento de algunas organizaciones, como la Coordinadora Arauco-Malleco. Pero la implosión de esta en a lo menos cuatro nuevas orgánicas (Weichan Auca Mapu, Resistencia Lafkenche y Malleco, Liberación Nacional Mapuche) remecen el territorio mapuche, dentro de un escenario global en que las democracias se debilitan. En ese ámbito, nuevamente bajo la actual coyuntura, los sectores conservadores han optado por excluir a los once pueblos originarios del marco democrático. Frente a este escenario, Antileo ha hecho un llamado a no votar a favor de la nueva constitución: “Ya que no nos incluye”.
Una vez más el camino ha quedado abierto, al igual que en la década de los ’90, ¿será la vía rupturista a la autonomía la que vuelva a llenar ese espacio abierto? ¿O será la vía gradualista a la autodeterminación la que logre generar una hegemonía al interior de la comunidad política mapuche? Tal vez, el camino concluya en una fusión de estrategias ante la negativa a reconocer los derechos indígenas. No obstante, cuando las futuras generaciones se pregunten y vuelvan a mirar hacia atrás esta coyuntura histórica, seguramente analizarán cómo un momento histórico con tanta potencia democrática se diluyó ante los ojos de una sociedad que se niega a reconocer a la diversidad como sujetos de derechos.
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